El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, declaró este viernes como investigado ante un juzgado de esa ciudad española en relación con la denuncia interpuesta por una antigua empleada de la archidiócesis por haber accedido supuestamente a datos personales de su ordenador.
Junto al arzobispo ha declarado también como investigado el ecónomo (administrador) de la archidiócesis, Ernesto M.P. y el técnico al que se le encargó presuntamente el volcado de los datos del ordenador de la denunciante.
Los investigados tuvieron que declarar después de que el instructor rechazara los recursos que interpusieron para instar el sobreseimiento provisional de la causa.
En su recurso, el abogado del arzobispo decía que fue el propio responsable eclesiástico quien ordenó un peritaje informático del equipo utilizado por la denunciante, en el marco de una investigación sobre presuntas actuaciones irregulares de ésta en el ámbito de su labor profesional.
Añadía, además, que en cualquier caso el ordenador era propiedad de la archidiócesis y no debía emplearse para labores ajenas a su función.
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Según el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, el peritaje permitió conseguir las conversaciones de "Whatsapp" de la denunciante, ya que ésta había sincronizado su teléfono móvil con el ordenador.
Los propios investigadores, para quienes la actuación de la diócesis tenía como fin "determinar y confirmar las sospechas de actividades calumniosas e injuriosas contra el arzobispado, y actividades de prevaricación y cohecho", apuntaban que esta acción podría constituir presuntos delitos contra la intimidad y de revelación de secretos.
En respuesta al recurso del arzobispo, el juez advirtió de que la propiedad del equipo informático por parte del empleador "no conlleva dejación del derecho a la intimidad de la usuaria del mismo respecto de las conversaciones privadas de ella provenientes de un terminal de telefonía móvil particular".
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Señala el juez que el acceso al ordenador se produjo sin conocimiento de la denunciante y antes de su despido, por lo que considera que "existen indicios de injerencia en el derecho a la intimidad de los partícipes de tales conversaciones, que en modo alguno habrían autorizado el acceso a las mismas".
Susana López, abogada de la denunciante, aseguró a la prensa que los tres investigados no han podido justificar "algún elemento que pudiera eximirles" de una vulneración del derecho a la intimidad de su clienta.
En un comunicado enviado a los medios, el arzobispado asegura que Jiménez actuó en todo momento "conforme a derecho y a las normas de la Iglesia, buscando el bien de la Diócesis y de los derechos de las personas".
Con información de EFE
