Luego de las observaciones de 8 legisladores al proyecto de Ley para la Eficiencia en la Contratación Pública, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, suspendió el segundo debate.
La propuesta crea mecanismos que permitan al Gobierno central recuperar parte del beneficio generado por la realización de obras públicas de su competencia; soluciona problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de obras públicas, entre otros aspectos.
El procedimiento de contratación pública a precio y plazo fijo, la homologación de las expropiaciones, el fortalecimiento de los contratos precontractuales e incentivos para la economía popular y solidaria son algunos de los puntos que incluye el informe, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, que se discutió en el pleno legislativo.
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El proyecto reforma varios cuerpos normativos vinculados a la contratación de obra pública, con el propósito de optimizar los procesos, garantizar su eficiencia técnica y económica y precautelar los recursos públicos.
Richard Calderón, titular de la Comisión de Gobiernos Autónomos, explicó que el que hoy rige el valor que resulta de multiplicar el coeficiente de 0,1 o más del Presupuesto General del Estado, mientras que hoy se plantea que sea por el 0,000007, sin que se deje de aplicar las modalidades de cotización y licitación.
Señaló que en la actualidad y con las variaciones, el costo puede incrementar en un 70%, además produce incumplimiento de metas y afecta la planificación. En cambio, la contratación por precio fijo representa técnica y económicamente mejores condiciones respecto a la modalidad de precios unitarios, evitará distorsiones e incrementos de precio y plazo.
Para las expropiaciones existen tres normas. Según Calderón, se busca que esta modalidad se aplique a través de una sola norma, respetando el precio justo, para que haya claridad, seguridad jurídica y un proceso homologado.
Con información de: Ecuavisa
