Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua se negaron a hablar sobre la resolución del Parlamento Europeo que instó al Gobierno nicaragüense a abstenerse de "acosar" a la líder campesina Francisca Ramírez, quien se opone al proyecto del canal interoceánico.
"No podemos nosotros pensar otra cosa, más que en (Augusto C.) Sandino y su legado histórico", dijo el presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense y diputado del oficialismo, Gustavo Porras, cuando fue consultado durante la conmemoración del 83 aniversario de la muerte del Héroe Nacional de Nicaragua.
El 16 de febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que "insta al Gobierno nicaragüense a abstenerse de acosar y recurrir a actos de represalia contra Francisca Ramírez, la coordinadora del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía".
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El órgano europeo basó su resolución en que Ramírez y su familia han sufrido arrestos, agresiones y "ataques violentos como represalia", por liderar el movimiento que se opone al proyecto bandera del Gobierno de Daniel Ortega.
Otros diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consultados hoy por periodistas sobre la resolución del Parlamento Europeo, prefirieron no hablar del tema.
"Los eurodiputados piden al Gobierno de Managua que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", agregó el Parlamento Europeo, que destacó "el deterioro del Estado de derecho y la democracia del país" centroamericano.
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Desde que anunciaron su oposición al canal, hace tres años, los dirigentes del Consejo Nacional para Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, en su mayoría campesinos, han denunciado ser víctimas de agresiones policiales, amenazas, cárcel, intimidación, daños a sus propiedades, exclusión de atención médica estatal y daños en las carreteras que conducen a sus fincas.
Los activistas se oponen a ser desplazados de sus territorios, dudan de que se les dé un precio justo por sus propiedades y están en contra de las cómodas condiciones que el Gobierno dio a la concesionaria, la china HKND Group.
El proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud y de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.
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El canal entraría en operación, según los cálculos de la compañía, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir, la excavación y la construcción de la esclusa oeste, cuya fecha no ha sido anunciada.
El coste del proyecto está calculado en unos 50.000 millones de dólares, de acuerdo con HKND Group, a la cual se le ha dado la concesión por 50 años, renovable por otro lapso igual.
Nicaragua espera que su construcción cree unos 50.000 empleos y duplique el producto interior bruto (PIB) nacional.
La Asamblea Nacional de Nicaragua está compuesta por 92 diputados, de los cuales 71 son oficialistas, 14 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 2 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y el resto de otras agrupaciones.
Con información de EFE