El Gobierno de Venezuela acusó de golpista a la fiscal general, Luisa Ortega, al rechazar las imputaciones que desde su despacho se han hecho en contra de los jefes de los cuerpos de seguridad que han reprimido las protestas y han ordenado detenciones que cada día se realizan en mayor número.
La Fiscalía anunció el viernes la citación en calidad de imputado del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, por presuntamente violar derechos humanos durante allanamientos y redadas policiales.
La citación se hace con base en investigaciones del Ministerio Público con relación a casos de "allanamientos arbitrarios", "privaciones ilegítimas de libertad" y "causas de personas que permanecen detenidas" pese a que ya se han emitido boletas de excarcelación desde los respectivos tribunales.
El vicepresidente, Tareck El Aissami, acusó a Ortega de "dirigir" o "formar parte" de un golpe de Estado al salir en defensa de González López, y del excomandante de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) Antonio Benavides Torres, quien también fue citado por la Fiscalía por presunta violación de derechos humanos.
Dijo que la fiscal actúa de forma sesgada como si fuera militante de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y aseguró que Torres y González López "han garantizado la paz de la república, han evitado males mayores, muertes y han sido una suerte muro de contención del fascismo".
El Sebin y la GNB son dos de los organismos que han realizado allanamientos en residencias familiares sin la presencia del Ministerio Público y en el marco de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde hace tres meses en todo el país.
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Poco después de las declaraciones de El Aissami, el presidente, Nicolás Maduro, anunció que decidió ascender a González López a general en jefe del ejercito bolivariano, pues "ha capturado a los terroristas, a los asesinos", y señaló que el Ministerio Público "es cómplice de la violencia criminal".
Las protestas que se iniciaron en Venezuela el pasado 1 de abril han dejado hasta hoy 82 muertos y más de mil detenidos, incluyendo a una veintena de estudiantes universitarios que fueron apresados ayer, lo que no ha detenido la convocatoria a nuevas manifestaciones.
Esta jornada se conoció de la muerte de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años, un estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida que había sido herido durante una protesta en la que participó el pasado 13 en esa entidad occidental.
También se informó del fallecimiento de Rubén Morillo en Barquisimeto, capital del occidental estado Lara, "durante una situación irregular" en una manifestación que se realizó hoy.
La ONG Foro Penal Venezolano informó, además, que en el marco de esta ola de protestas que ya tiene tres meses se han realizado más de 3.500 arrestos y que 1.188 siguen detenidos.
La organización resalta que 415 civiles han sido "presentados ante tribunales militares" y 245 están "privados de libertad".
Para este sábado la alianza opositora ha convocado a una nueva protesta en todo el país contra de la elección de la Constituyente, que ha sido calificada de "fraudulenta" tanto por el antichavismo como por los chavistas que no apoyan a Maduro.
Fuente: EFE.
