Casi un millón de personas obligadas al exilio, acusaciones de crímenes de guerra, violaciones, torturas, ejecuciones sumarias… Birmania tendrá que justificar la sangrienta represión llevada a cabo por el ejército contra los rohinyás desde 2017.
El Político
Gambia, en nombre de los 57 Estados miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, inició una acción judicial contra el país del sureste asiático por "actos de genocidio" contra esa población de minoría musulmana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Exterminio de los rohinyás
Gambia considera que Birmania violó la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio, un tratado del derecho internacional aprobado en 1948, y acusa al gobierno birmano de intentar exterminar a los rohinyás como grupo étnico, sobre una base política y religiosa.
Un exterminio llevado a cabo a través de traslados forzados de población, asesinatos y violaciones sistemáticas por parte del ejército birmano. Estos cargos muy graves están basados en investigaciones de la ONU y de abogados gambianos, que recogieron más de 600 testimonios de rohinyás en campos de refugiados de Bangladés.
Gambia exige también reparaciones para esta población, en particular la plena ciudadanía birmana -ya que los rohinyás son actualmente apátridas- y el derecho a regresar a Birmania sin problemas.
Aung San Suu Kyi mira hacia 2020
Aung San Suu Kyi, laureada con el premio Nobel de la Paz en 1991, decidió acudir ante la justicia para defender a su país. Algo muy inusual, que los defensores de los derechos humanos no ven con buenos ojos.
"Nunca hizo uso de su autoridad moral para tratar de detener la situación, y sigue negándola. Se mantuvo en silencio durante la parte más grave del conflicto, pero esta vez incluso negó abiertamente las violencias que se han producido. Para los activistas, intenta encubrir a los militares para defender supuestamente a Birmania contra países, occidentales o no, que intentarían mancillar su reputación", afirma el activista Chris Lewa, que trabaja en la asociación Arakan Project.
Para Daniel Goma, doctor en Historia y profesor en la Universidad de Cantabria, “la acusación de Suu Kyi es un poco endeble porque hasta cierto punto lo que pasa en la ciudad de Arakan se escapa a lo que el gobierno propiamente hace. Allí es el ejército el que decide muchas veces sin contar con lo que piensa el gobierno. Por otro lado sí creo que ella ha mirado hacia otro lado en la cuestión los rohinyás pero no tengo tan claro que haya ordenado de lo que se le acusa pero tampoco que haya impedido los hechos. Ha cerrado los ojos porque le convenía políticamente”.
Pero además, explica Goma, “en Birmania hay un gobierno y Aung San Suu Kyi ha asumido el liderato de ese gobierno aunque oficialmente ella no es la máxima dirigente pero es la que manda en la práctica, por eso ha decidido hacer frente a esta acusación presentándose como defensora de los intereses de Birmania. Me parece arriesgado que acuda porque ella no tiene los conocimientos jurídicos así que lo que veo es una acción política clara por su parte, presentarse como víctima ante la opinión pública birmana”.
“Creo que ella piensa más en términos políticos desde el punto de vista interno porque en el año que viene hay elecciones presidenciales en Birmania y su partido no tiene tan clara la victoria. Si se presenta como la máxima defensora de los intereses birmanos puede aglutinar un voto más nacionalista, más de la mayoría de la etnia birmana para salir elegida, no pienso que como presidenta, pero sí que su partido pueda ganar de nuevo las elecciones”, añade el analista.
De hecho, desde el anuncio del viaje de Aung San Suu Kyi a la CIJ, las manifestaciones de apoyo se han multiplicado en Birmania, donde ella sigue siendo muy popular. Allí, muchos consideran que los rohinyás son inmigrantes ilegales.
Defensa de Birmania
Desde agosto de 2017, cerca de 740.000 rohinyás se refugiaron en Bangladés, tratando de huir de los abusos del ejército birmano y de milicias budistas. Por su parte, las autoridades birmanas mantienen que los militares tan solo reaccionaron a los ataques de la rebelión rohinyá, y que no se produjo ni limpieza étnica ni genocidio.
Birmania no tiene pensado reconocer el genocidio. Librará batalla en el marco legal, subrayando el acuerdo de repatriación firmado con Bangladés, que estipula que el país se compromete a facilitar el regreso de los rohinyás. Pero esta línea de defensa difícilmente convencerá, debido a las conclusiones de las investigaciones de la ONU sobre el dispositivo militar puesto en marcha por Birmania para reprimirlos.
La iniciativa de Gambia no es el único procedimiento abierto, de momento, en el marco de este caso. La Corte Penal Internacional (CPI), que también tiene sede en La Haya, dio su visto bueno en noviembre para que se investiguen los supuestos crímenes cometidos contra los rohinyás.
Fuente: DW
