El Gobierno austríaco aprobó una nueva normativa de Extranjería que prevé imponer multas económicas o penas sustitutivas de cárcel a los inmigrantes que no abandonen el país una vez que su solicitud de asilo haya sido rechazada
El proyecto de ley, que todavía debe ser aprobado por el Parlamento, donde el Gobierno de gran coalición de socialdemócratas y conservadores tiene mayoría absoluta, prevé también multas o penas de cárcel para aquellos inmigrantes que mientan sobre su origen o proporcionen otros datos falsos.
"Los inmigrantes a los que se les niega el asilo y se nieguen a salir tendrán que afrontar las consecuencias", declaró el ministro austríaco del Interior, Wolfgang Sobotka.
El responsable de Interior aseguró que su misión es hacer cumplir el estado de Derecho y que las órdenes de expulsión deben ejecutarse.
En caso de que los solicitantes de asilo mientan sobre su procedencia -alegando de forma falsa que proceden de zonas en conflicto-, se les impondrá una multa de hasta 5.000 euros o tres semanas de cárcel.
Si reciben una orden de expulsión y no abandonan el país, teniendo la posibilidad de hacerlo, la sanción prevista es de entre 5.000 y 15.000 euros o seis semanas de cárcel.
La nueva ley, de ser aprobada según su actual redacción, también prevé retirar cualquier asistencia pública a quienes se les haya denegado el asilo, salvo un servicio sanitario básico.
"No recibirán nada del Estado austríaco si no tienen derecho a quedarse aquí", resumió Sobotka.
Austria acogió en 2015 a unos 90.000 solicitantes de asilo, más del 1 por ciento de la población del país, y en 2016 recibió a otras 30.000 personas.
A lo largo de 2016 el Gobierno austríaco ha endurecido las normas de Extranjería y las condiciones de asilo y forzó hace un año el cierre de la ruta de los Balcanes, por la que llegaron a Europa cientos de miles de inmigrantes y refugiados de Oriente Medio.
Los solicitantes de asilo en Austria reciben actualmente, mientras se tramita su petición, unos servicios básicos, incluido alojamiento gratuito, alimentación, acceso a asistencia sanitaria y unos 40 euros al mes.
En la actualidad hay unas 4.000 personas que deben de abandonar el país y que reciben esos servicios básicos.
Algunas ONG y expertos han expresado su preocupación de que la nueva normativa pueda aumentar el número de personas sin techo y, también, la criminalidad.
La normativa también agiliza las deportaciones de solicitantes de asilo que hayan cometido un delito y da más poder a las autoridades para identificar a los solicitantes de asilo e imponer medidas privativas de libertad a los inmigrantes antes de ser deportados.
Algunos analistas interpretan este endurecimiento de las políticas de asilo como un intento de los partidos tradicionales de recuperar el apoyo de los austríacos que han ido acercándose al ultranacionalista Partido Liberal Austríaco (FPÖ), al que las encuestas sitúan como líder en intención de voto, con un 30 %.
EFE
