La presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, aseguró hoy que "la primera responsabilidad" por la muerte de enfermos trasladados desde el interior del país a Montevideo "es de la institución Imcos (a cargo de los pacientes) cuando rescindió el convenio".
La fundación Imcos -también conocida como Aldea de la Bondad- estaba subsidiada por el Gobierno, con el que trabajaba en el marco de un convenio con el INAU, que rescindió en enero de 2015, según explicó la titular del INAU.
La institución contaba con más de 140 personas con discapacidades severas a su cargo, repartidas en sus centros de Salto y Paysandú (ambos al noroeste), donde aún mantiene nueve y 43 pacientes, respectivamente.
El pasado 1 de diciembre un total de 16 personas con discapacidades fueron relocalizadas de Aldea de la Bondad de Salto a Montevideo en el avión Hércules de la Fuerza Aérea.
De esas 16 personas, dos hombres y dos mujeres murieron en los días posteriores al traslado.
Aunque Lindner aseguró que la "primera responsabilidad" partió de la rescisión del contrato, aclaró que "nadie puede decir" que no tiene "nada que ver".
"Acá hay responsables técnicos de la propia fundación con los que se estuvo trabajando, que generaron los resúmenes de las historias clínicas, que dieron las condiciones en las que se debían hacer los traslados", añadió la jerarca del INAU.
En este sentido, Lindner mantuvo que el traslado de los pacientes, que fue cuestionado por legisladores que integran la Comisión de DD.HH. del Parlamento y por funcionarios de Aldea de la Bondad, se realizó "en las condiciones de calidad establecidas por parte de las autoridades competentes".
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Según explicó la presidenta del INAU, la rescisión del convenio entre la fundación Imcos y la institución que lidera se realizó "a partir de la propia fundación" en enero de 2015.
Lindner aseguró que el traslado de los pacientes, previsto luego de la rescisión, se coordinó en conjunto con autoridades de la fundación Imcos, el ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
En este sentido, la jerarca uruguaya explicó que la institución aludió "razones económicas" para terminar con el convenio, pero que "en definitiva" la rescisión implicó el cierre de Aldea de la Bondad y, por lo tanto, "el traslado de los pacientes".
Esto último está "absolutamente documentado por los actores competentes", subrayó Lindner.
"Nosotros estamos trabajando, junto con el MSP y el ministerio de Desarrollo Social (Mides), para generar las mejores condiciones para una población que, hasta este momento, ha sido muy poco visibilizada", destacó.
Asimismo, aseguró que hay una "responsabilidad ciudadana del conjunto del Estado en mejorar las condiciones para las personas con discapacidad que requieren de procesos de mayor autonomía y no lugares que terminan siendo de depósito, donde nadie sabe qué pasa, qué sucede y quién puede colaborar".
En tanto, el Mides emitió hoy un comunicado en el que afirma que el MSP estableció la necesidad de que el médico tratante de los pacientes pautara los "requerimientos de las personas trasladadas, de acuerdo a su discapacidad y su nivel de dependencia".
En este sentido, el escrito asegura que existe un "documento firmado por una de las médicas de la Aldea de la Bondad donde expresa los cuidados específicos necesarios (…)", así como la posibilidad de que los pacientes "puedan ser trasladados por vía aérea", si se cumplía con los cuidados establecidos.
"Tal como informó ASSE, los traslados se realizaron conforme a los más altos estándares de calidad en cuanto a atención y equipamiento, en condiciones óptimas y no se registró ningún tipo de incidente", subraya el escrito del Mides.
Con información de: EFE
