Autoridades indígenas de la Cuenca del lago de Atitlán y de la municipalidad de Sololá entregaron hoy un reconocimiento al titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez Gómez, por sus esfuerzos en combatir la corrupción y la impunidad en el país.
A este acto asistieron 71 alcaldes del departamento de Sololá, quienes aprovecharon la ocasión para manifestar su respaldo a la aprobación de las reformas para el sistema de justicia guatemalteco, entre estas la jurisdicción indígena, informó la institución en un comunicado.
El alcalde de Sololá, Tomas Saloj Guit, resaltó que gracias a la labor de la Cicig se ha logrado fortalecer la Justicia y desarticular estructuras que han fomentado la impunidad, pues la corrupción se había apoderado de los servicios públicos.
Por su parte, Velásquez destacó que la justicia social tiene que ser el horizonte en común de los guatemaltecos para que todos tengan una vida digna.
"Se necesita más unión, participación, decisión y trabajo, porque este es sólo un inicio pero falta mucho para que se logre transformar una realidad que ha sido por muchos años desfavorable para la mayoría de la población", profundizó.
El colombiano destacó además que era necesario que la Constitución de Guatemala reconociera la Justicia indígena, que se ha aplicado por décadas en muchas comunidades y cuya "funcionalidad se ha comprobado".
El comisionado reiteró su compromiso de continuar colaborando con las comunidades indígenas y con los otros sectores del país.
El reconocimiento del sistema jurídico de los pueblos indígenas, la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia son los ejes sobre los que gira la reforma al sector Justicia que debe ser aprobada en el Congreso.
Para su aprobación es necesario el voto a favor de 105 diputados de los 158 que constituyen la cámara.
Más de 1.500 representantes de diferentes sectores participaron desde abril pasado en las mesas de trabajo para pactar la reforma, cuyo documento final, tras ser aprobado en el Congreso, será sometido a una consulta popular.
La fiscal general, Thelma Aldana, es una de las más acérrimas defensoras de la necesidad de plantear estas modificaciones, que en total pretenden cambiar 25 artículos de la Constitución Política de la República.
Algunos sectores, como la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) y la cúpula empresarial del país, se han mostrado en contra de esta reforma, que a su juicio podría generar inestabilidad por integrar el régimen consuetudinario indígena a la normativa legal.
Con información de: EFE
