Un fiscal suizo y el Tribunal Supremo de España investigan al rey emérito Juan Carlos I Tratan de establecer si recibió comisiones por la adjudicación de los contratos de las obras de AVE a La Meca a empresas españolas. Además, si hay delito fiscal y blanqueo de capitales
El Político
La Fiscalía del Tribunal Supremo de España y un fiscal suizo investigan el papel del rey emérito Juan Carlos I en las supuestas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de las obras del llamado AVE a La Meca.
El ministerio público ha decidido trasladar al alto tribunal esta investigación al afectar directamente a Juan Carlos I, que ya no es inimputable pero está aforado en el Supremo.
Según una nota pública difundida por la Fiscalía, la investigación se centra en “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que Juan Carlos I abdicó en su hijo y dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el articulo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado.
Según explica el ministerio público, el pasado 5 de junio la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dictó un decreto en el que designa para esta investigación al fiscal Juan Ignacio Campos, de Sala del Tribunal Supremo de la especialidad de delitos económicos.
“Dada la transcendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal reúne una extraordinaria cualificación y experiencia.
Además, estará́ auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo, que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación”, apunta el Ministerio Público.
La decisión de la Fiscal General
Fuentes fiscales señalan que Delgado tomó la decisión de dejar la investigación en manos de la Fiscalía del Supremo a petición de Anticorrupción, que tenía abierta unas diligencias por las posibles “mordidas” en las obras del AVE a la Meca.
En esa investigación, indican estas fuentes, Anticorrupción ha constatado indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. De lo que se trata ahora es de confirmar esos indicios y ver si se extienden a la etapa posterior a la abdicación de Juan Carlos I.
No se le podría atribuir el supuesto cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en la etapa en la que don Juan Carlos todavía era el jefe de Estado, pero sí se podría investigar cómo se ha movido ese dinero desde la abdicación. Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que este departamento no ha hecho ninguna tipificación de delitos y que la última palabra al respecto corresponderá a la Fiscalía del Supremo.
La investigación, explica la Fiscalía, se refiere a la segunda fase de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocido también como AVE del desierto, que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí́.
La adjudicación de la Fase II del conocido como AVE entre Medina y La Meca a un consorcio de empresas en su mayoría españolas que se materializó por contrato en enero del año 2012 implicó un desembolso millonario en comisiones, según la investigación que ha venido desarrollando la Fiscalía Anticorrupción desde el año 2018 y que ahora ha pasado a ser competencia de la Fiscalía del Tribunal Supremo porque las averiguaciones podrían afectar al Rey Don Juan Carlos, que retirado de la Jefatura del Estado, no es inviolable pero goza de aforamiento.
Según un documento de Anticorrupción al que tuvo acceso ABC, en el camino a la adjudicación de la infraestructura, las empresas españolas involucradas pactaron en forma irregular.
Larissa otra vez
El cobro de posibles comisiones en esta obra que podrían implicar al rey Juan Carlos saltó en una de las investigaciones vinculadas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se reunió en 2015 en Londres con Corinna Larsen, antigua amiga de Juan Carlos I.
A lo largo de la conversación, grabada por Villarejo, Larsen habló de un terreno en Marruecos a su nombre que atribuía al Rey emérito, así como de cuentas en Suiza que habría tenido el monarca y que eran manejadas por testaferros. También hizo referencia a comisiones que el entonces Rey de España presuntamente percibió por el contrato del AVE a La Meca, adjudicado en 2011 a un consorcio de 12 empresas españolas, entre ellas la constructora OHL.
Cobro de comisiones, según Larsen
Esas supuestas comisiones ascendieron, según Larsen, a 80 millones de euros, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y éste, a su vez, le habría dado todo, o parte, a Juan Carlos I.
El hallazgo de estos audios dio pie a la apertura de una de las primeras piezas del caso Villarejo, conocida como Carol, que se cerró en 2018, a petición de la Fiscalía, al concluir que los datos que aportaba en esa conversación se referían a hechos ocurridos antes de la abdicación de Juan Carlos I, por lo que el Rey era entonces inviolable.
No obstante, el instructor de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Diego de Egea, envió a la Fiscalía la parte relativa al presunto cobro de comisiones por la obra del AVE y, meses después, Anticorrupción abrió unas diligencias de investigación, en cuyo marco, el fiscal Luis Pastor llegó a interrogar a Larsen en Londres, donde reside la empresaria alemana.
Casi a la vez que el juez archivaba el caso en España, la Fiscalía de Suiza abrió en el verano de 2018 una investigación sobre una donación multimillonaria que recibió Larsen desde una cuenta suiza vinculada a una fundación panameña. Larsen atribuyó esa donación a Juan Carlos I y, en marzo pasado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía suiza datos sobre el caso.
De momento, la investigación archivada en España no se ha reabierto en sede judicial, pero el paso dado ahora por la Fiscalía es determinante. El ministerio público cree necesario practicar “nuevas diligencias que afectan directamente al Rey emérito” y como este está aforado en el Supremo, la investigación tiene que trasladarse al alto tribunal.
La clave será si ahora, al contrario de lo ocurrido en 2018 y que llevó a archivar el caso, existen nuevos indicios de delitos que sean posteriores a la abdicación del anterior monarca, porque por los hechos cometidos mientras era jefe de Estado no se le puede imputar.
En marzo pasado, la Casa del Rey informó de que Juan Carlos I había contratado para su defensa al abogado Javier Sánchez-Junco, un antiguo fiscal anticorrupción.
Este letrado será a partir de ahora “quien proceda a dar cuenta públicamente de las informaciones que puedan afectar al Rey emérito y se consideren procedentes”, según informó la Casa del Rey a través de un comunicado en el que el actual monarca Felipe VI anunció que renuncia a la herencia de su padre y le retira su asignación.
Un fiscal suizo abre la “caja de Pandora”
Un fiscal suizo que actuó por iniciativa propia ha sido el que ha arrojado luz sobre el caso archivado provisionalmente en septiembre de 2018 en España en un juzgado de la Audiencia Nacional por sus “débiles” indicios y por la inviolabilidad penal del Rey emérito cuando se produjeron los hechos.
Yves Bertossa registró ese mismo verano el despacho en Ginebra del abogado y gestor financiero Arturo Fasana y encontró la documentación que acredita la existencia de la fundación panameña Lucum y la cuenta abierta a su nombre en la banca suiza Mirabau. El primer beneficiario era Juan Carlos I.
El primer depósito en esa cuenta se recibió el 8 agosto de 2008: 64,8 millones de euros (100 millones de dólares) de una donación de la casa real saudí. En junio de 2012, antes de cerrar la cuenta, todo el dinero fue transferido a otro depósito en Bahamas de la alemana Corinna Larsen, (antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein) la entonces amiga del Rey emérito.
Según los abogados de Corinna, se trataba de un regalo de Juan Carlos I. La consecuencia de ese registro en las oficinas de Rhone Gestion, la firma de Fasana que administra los patrimonios de adinerados españoles, fue la apertura de un caso en Suiza por presunto blanqueo agravado de capitales contra los principales protagonistas del entramado financiero, salvo el Rey emérito, titular de la cuenta.
Hoy se encuentran en situación de investigados Fasana, el gestor externo de la cuenta del Rey emérito; Dante Canonica, abogado que administraba la fundación Lucum; y Corinna Larsen, quien guarda celosamente 39 de los 64,8 millones en el banco Fieldpoint Private Bank de Estados Unidos de América.
La banca suiza Mirabau, que no puso objeciones a la apertura de la cuenta en la que se ingresó el regalo de la monarquía saudí, también está siendo investigada. Todos ellos niegan que ese dinero fuese el pago de una comisión relacionada con la adjudicación a un consorcio de 12 empresas españolas del multimillonario contrato del AVE a La Meca, la pista que sigue el fiscal suizo.
Otros pagos millonarios
Bertossa investiga también otros dos pagos millonarios en la misma cuenta revelados por el diario El País. Uno es el ingreso de 1,9 millones de dólares que supuestamente Juan Carlos I llevó en una maleta a la casa de Fasana en Ginebra, en 2010 cuando regresaba de un viaje de Abu Dhabi y que, según la declaración del abogado y gestor financiero, le habría regalado el rey de Bahréin.
El fiscal también intenta esclarecer por qué Larsen recibió en su cuenta en el Mirabaud cinco millones de dólares (4,6 millones de euros) del Estado de Kuwait, días después de un viaje a ese país del entonces rey de España.
Otro de los objetivos del fiscal suizo es la fundación Zagatka, que pagó vuelos del rey emérito y de Larsen. Pero su primer beneficiario, Álvaro de Orleans, primo lejano de Juan Carlos I, no figura como investigado.
La incógnita es si Bertossa pedirá que declare el Rey emérito. El fiscal ginebrino envió a la Audiencia Nacional una rogatoria en la que describía todos los movimientos de la cuenta del anterior monarca, pero aún no ha remitido a España la documentación prometida. Fuentes judiciales no ocultan su malestar por la tardanza.
(Con información de El País)
