La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó hoy la ley que establece la elección directa de los intendentes (gobernadores) regionales, una iniciativa que el Ejecutivo desea que entre en vigor para los comicios de noviembre de 2017.
El proyecto crea la figura de los gobernadores regionales, en sustitución de los intendentes, que actualmente son quienes representan a la Administración del Estado en las doce regiones en que está dividido el país.
Para ser elegido por un periodo de cuatro años, el gobernador regional -que puede repetir en el cargo una vez- debe cumplir con algunos requisitos, como llevar varios años residiendo en la región y obtener más del 40 % de los votos.
Esta propuesta, de gran calado en un país de 4.270 kilómetros de largo y un modelo político administrativo fuertemente centralista, se topa sin embargo con algunos obstáculos para su aplicación dentro de esta legislatura.
Porque para que el 19 de noviembre del año que viene los chilenos puedan escoger a sus autoridades regionales es necesario que el Parlamento, actualmente saturado de iniciativas en cartera y en discusión, apruebe antes dos leyes.
La primera de ellas, que ya está siendo debatida, permite el traspaso de competencias a los gobiernos regionales, y la segunda es una reforma de la Constituciónpara hacer posible la elección directa de intendentes.
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El pasado 6 de octubre, la Cámara alta votó a favor de la admisión a trámite del proyecto de ley que establece la elección directa de los intendentes, un hecho que Bachelet calificó como un triunfo de la democracia.
"Estoy muy contenta con lo que sucedió ayer en el Senado, cuando se aprobó el proyecto de elección popular de los intendentes regionales", señaló entonces la presidenta.
Analistas políticos consideran que este proyecto podría toparse con impedimentos de índole política, toda vez que hay senadores, tanto oficialistas como opositores, que ven con resquemor la creación de una figura pública que podría restarles el poder y el protagonismo que actualmente tienen en sus regiones.
Este jueves, tras la promulgación del proyecto, la mandataria manifestó que se trata de un "acto de justicia" con las regiones, porque "permite algo que parece lógico, pero que no lo ha sido hasta ahora y es que las propias personas elijan a sus autoridades", subrayó.
"Esto significa más y mejor democracia para las regiones (…), es un paso histórico en materia de profundización democrática", agregó.
El proyecto de ley establece que la administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región y el afrente del cual estará el gobernador, que ejercerá las funciones de coordinación con los demás órganos y servicios públicos.
La Presidencia de la República, no obstante, seguirá designando en cada región a un delegado presidencial, que será el encargado de la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos relativos a los ministerios.
Con información de: EFE
