Diez meses sin Gobierno han tenido un impacto prácticamente nulo en la marcha de la economía española. Lejos quedan esos vaticinios agoreros que dibujaron las casas de análisis en los meses de enero y febrero: el PIB ha crecido a tasas superiores al 3%, más del doble que la zona euro. El empleo ha aumentado en 403.621 afiliados, impulsado sobre todo por la reactivación del consumo y una excelente campaña turística. Secuestrada por el BCE, la prima de riesgo se ha mantenido estable, hasta el punto de que ha dejado de ser un termómetro de los peligros que acechan: ayer se situaba en los 106 puntos, 16 por debajo de los 122 que se registraron el día después del 20-D. Tan sólo tocó momentáneamente los 167 puntos tras la conmoción del Brexit. Únicamente la Bolsa ha mostrado algunas señales de debilidad. En definitiva, 300 días de Pedro y el lobo no parecen haber hecho mella en la actividad.
Es más, en realidad la falta de Gobierno ha funcionado como una especie de impulso añadido que se suma al bajo precio del petróleo y las inyecciones monetarias del BCE. La excusa del bloqueo político ha servido para que Bruselas conceda a España una tregua en el proceso de consolidación fiscal. Recordemos que el Ejecutivo tenía la exigencia de recortar el déficit hasta el 2,8% del PIB en los Presupuestos de 2017, un ajuste de unos 24.000 millones. Sin embargo, en vez de eso aprobó una bajada de impuestos que hasta agosto ha metido 4.498 millones de euros en los bolsillos de empresas y familias. Y esa rebaja fiscal no ha tenido que deshacerla o compensarla con otras medidas, amparándose en que no había Gobierno. Gracias al impasse, Bruselas ha concedido a España incluso un nuevo objetivo mucho más asequible del 4,6%, unos 18.000 millones menos de ajuste. Por dar una idea de lo que eso implica, la cantidad equivale a lo que el Estado desembolsará este año en prestaciones de desempleo.
La coyuntura habría sido muy distinta si la Administración se hubiese tenido que ajustar en esos 18.000 millones. De modo que la economía ha tenido ese margen que añadir a los 5.000 millones anuales que brinda de renta la rebaja del crudo, o los cerca de 20.000 millones menos que se pagan al año en intereses por obra y gracia del BCE. Semejantes inyecciones en una economía que ha abordado un ajuste salvaje han sido como dopaje en vena. Al mínimo atisbo de demanda, las empresas han tenido que contratar en masa porque sus plantillas se habían quedado en los huesos, fomentando un círculo virtuoso de mayor empleo, ergo más consumo.
Este ciclo positivo ha hecho casi imperceptible la ausencia de Ejecutivo. “Tan sólo se ha notado en las grandes operaciones inmobiliarias, que exigen una serie de certidumbres. Pero ese parón ha tenido más que ver con los nuevos Ayuntamientos de Barcelona o Madrid que con la falta de Gobierno”, explica Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.
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Otra rúbrica en la que se percibe el bloqueo institucional es la inversión pública. Según se proyectaba en los Presupuestos, esta partida tenía que elevarse. Sin embargo, cae casi un 10% en datos de Contabilidad Nacional. Por último, la bolsa también podría presagiar malas noticias. Desde el 24 de diciembre, el Ibex ha caído un 9,4% frente al 5,8% que retrocede el EuroStoxx, el 2% que pierde el CAC galo, el 0,8% que desciende el Dax alemán o el 21% que se desploma la Bolsa de Milán. En esos datos se deja entrever una cierta penalización por la situación política.
No obstante, los datos del Banco de España refutan esa idea: aunque la inversión foránea de cartera ha descendido en unos 15.000 millones entre enero y junio, la inversión extranjera directa ha escalado en 22.000 millones durante el mismo periodo. Y la inversión directa es precisamente aquella que está más ligada a la confianza en la economía, pues se trata de un capital destinado a abrir fábricas, establecer filiales o contratar personal. En definitiva, salvo la bolsa, no se aprecia una señal clara de que la economía se esté frenando por la interinidad del Ejecutivo. Al contrario, avanza al ritmo de los impulsos ya mencionados.
Sin embargo, conforme avance el tiempo, esos estímulos perderán fuerza. La Autoridad Fiscal destaca que el ajuste fiscal podría drenar crecimiento del año que viene. La cotización del crudo está repuntando. Y el alza de tipos de la Reserva Federal podría provocar un incremento de los tipos reales por efecto arrastre. Además, en algún momento se empezarán a agotar los beneficios de reutilizar los recursos que la crisis dejó ociosos.
Así las cosas, lo previsible es que el PIB tienda hacia lo que se considera normal en una economía cuya demografía envejece y en la que no aumenta la productividad, sostienen los economistas. El año que viene todavía se crecerá por encima del 2%. Pero a partir del siguiente se podría bajar de esa tasa. Lo que podría empezar a generar problemas para mantener un Estado del bienestar cuyos costes van al alza por el envejecimiento de la población. De ahí la necesidad de un Gobierno que haga reformas, explican los expertos.
Con información de El País
