En medio de la preocupación por la seguridad de los Juegos Olímpicos, cuya ceremonia de apertura tendrá lugar este viernes, el Estado de Río Grande do Norte (Nordeste de Brasil) vive una oleada de violencia desde el pasado día 29 de julio. En solo cuatro días se han registrado 80 incidentes violentos: autobuses incendiados, ataques a edificios públicos y privados e incluso un fuego provocado en una de las playas más famosas de Natal, la capital del Estado. Para tratar de controlar la situación, el Gobierno de Brasil ha anunciado el envío de 1.200 miembros de las Fuerzas Armadas esta semana.
La instalación de inhibidores de frecuencia de telefonía móvil en el centro penitenciario de Parnamirim puede ser una de las razones de los disturbios, según el Gobierno del Estado. En los últimos días circulan en las redes sociales grabaciones que advierten de que “cualquier tipo de bloqueo” hará “temblar a todo el Estado”.
Debido a la ola de violencia, que los últimos días empezó al caer la noche, el sistema de transporte urbano de Natal fue completamente paralizado durante el domingo, y este lunes volvió a funcionar con menos vehículos y escolta policial en las terminales. Las escuelas y algunos comercios también cerraron sus puertas este lunes. También se registraron fugas masivas de presos. Durante la madrugada del domingo al lunes, 14 reclusos se escaparon del Centro de Detención Provisional de Ribeira, en la capital.
Según la Secretaría de Seguridad, 68 personas han sido detenidas por los disturbios, entre ellas, uno de los jefes del grupo criminal conocido como Sindicato del Crimen, señalado como supuesto cerebro de los ataques. La Fiscalía de Río Grande do Norte cree que Sindicato del Crimen nació de una disidencia del Primer Comando de la Capital (PCC), una banda que controla el crimen organizado en São Paulo y otros Estados brasileños. Este año, la facción —responsable, entre otras acciones, del tráfico de drogas de la zona—, ya había sido objeto de la operación Alcateia, que pretende desmantelar las redes criminales que controlan las cárceles del Estado.
El gobernador Robinson Faria reconoció este lunes que el Estado vive una situación de vulnerabilidad y que aún no se conoce el verdadero alcance de la ola de violencia. No obstante, la situación precaria de las cárceles no es nueva. En marzo de este año, el exsecretario de Justicia y Ciudadanía del Estado, Cristiano Feitosa, dijo al portal de noticias brasileño G1 que actualmente el sistema carcelario tiene una capacidad de 3.500 reclusos para una población de internos de 7.500. Por aquel entonces, él apostaba por los inhibidores —que han resultado ser el detonante de los ataques— como primer paso para empezar a enfrentar los problemas de las cárceles.
En marzo de 2015 Río Grande do Norte declaró el "estado de calamidad pública” en sus prisiones. Desde comienzos de año, casi 300 presos han huido y, según fuentes del sistema penitenciario, varios reclusos circulan libremente por los pasillos de las cárceles. Según la Cámara Técnica de Mapeo de Crímenes Violentos, institución vinculada al Estado, más del 10% de los homicidios registrados en Rio Grande do Norte están vinculados al sistema penitenciario.
Con información de El País
