La Comisión Europea ha anunciado este viernes la apertura de una investigación en profundidad para aclarar si las exenciones del impuesto de sociedades que conceden Francia y Bélgica a las empresas que operan en sus puertos cumplen la normativa europea o suponen ayudas públicas ilegales.
Bruselas quiere asegurarse de que este beneficio fiscal no supone una ventaja para el sector en estos dos países, frente a los competidores en otros Estados miembros.
En el caso belga , el Ejecutivo comunitario investiga el régimen de tasas diferenciadas que se aplica en los puertos marítimos y fluviales , incluidos el de Amberes, Brujas, Bruselas, Gante, Lieja y Ostende, ya que el impuesto que se aplica a las actividades comerciales en estos lugares es "globalmente inferior" al que se impone a otras empresas en Bélgica.
En Francia , la Comisión vigila el hecho de que la mayoría de puertos , incluidos los once "grandes puertos marítimos", que incluyen Burdeos, La Rochelle, Marsella, Nantes y las islas ultraperiféricas, y el de París estén totalmente exentos del pago del impuesto de sociedades .
El pasado mes de enero, Bruselas ya pidió a estos dos países que adaptaran su legislación fiscal a las normas europeas, pero ambos rechazaron la propuesta comunitaria , lo que ha motivado la apertura de la investigación detallada.
"Los puertos juegan un papel esencial en la economía de la UE y las normas permiten a los países ayudar en la construcción y modernización de las infraestructuras con apoyos a la inversión, pero no se admiten exoneraciones fiscales que falseen la competencia con ventajas desleales", ha advertido l a comisaria de Competencia , Margrethe Vestager.
El Ejecutivo comunitario sostiene que la explotación comercial de los puertos en cuanto al transporte de pasajeros y mercancías y la oferta de infraestructuras para operadores marítimos, astilleros y otras empresas debe estar sometida al pago del impuesto de sociedades, en las mismas condiciones que otros sectores .
Otras actividades ligadas a tareas esenciales del Estado, como la seguridad y la supervisión y control del tráfico portuario sí quedan fuera de la aplicación de las reglas en materia de ayudas públicas.
Con Información de: Cinco Dias
