El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lanzó este 20 de abril una inédita propuesta al gobierno de Nicolás Maduro: la liberación de 252 venezolanos detenidos en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, a cambio de la excarcelación de un número equivalente de presos políticos en Venezuela. La iniciativa, presentada como un “acuerdo humanitario”, incluiría presos políticos de la oposición venezolana y ciudadanos de otras nacionalidades.
Según Bukele, los venezolanos bajo custodia en El Salvador fueron deportados desde Estados Unidos por su presunta vinculación con redes criminales como el Tren de Aragua, y enfrentan cargos por delitos graves como homicidios y violaciones. El mandatario aseguró que en su país “no hay presos políticos”, distanciándose del caso venezolano, donde organizaciones internacionales denuncian más de 800 detenciones por motivos políticos.
La lista de posibles liberados en Venezuela incluye nombres clave: la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el periodista Roland Carreño, Rafael Tudares (yerno del excandidato presidencial Edmundo González) y Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado. También figuran cuatro dirigentes asilados en la Embajada de Argentina en Caracas y cerca de 50 extranjeros, incluidos estadounidenses y europeos.
La respuesta de Caracas no se hizo esperar. El fiscal general Tarek William Saab tachó la propuesta de “cínica” y exigió detalles sobre la identidad, situación legal y condiciones de los venezolanos en El Salvador. Acusó a Bukele de violar el derecho internacional y comparó los arrestos con “desapariciones forzadas”, negándose a negociar bajo estos términos.
El trasfondo de la polémica se remonta a las deportaciones masivas de venezolanos desde EE.UU., muchos de los cuales terminaron en centros penitenciarios salvadoreños bajo el argumento de su presunta peligrosidad. Mientras organizaciones humanitarias exigen transparencia en ambos casos, el gobierno de Maduro insiste en que en Venezuela no existen presos políticos, solo “delincuentes comunes”.
Hasta ahora, la propuesta de Bukele no ha encontrado eco en Caracas, dejando en incertidumbre el destino de los detenidos en ambos países y profundizando el debate sobre derechos humanos en medio de tensiones geopolíticas.
