Todas las promesas de independencia y soberanía energética pueden caber en un buque petrolero. El 2 de junio de 2009, en el terminal de Guaraguao en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, el expresidente Hugo Chávez anunciaba la incorporación del barco Sandino a la flota de Transportes del Alba, Transalba, empresa mixta cubano venezolana destinada al envío de crudo venezolano a los países inscritos bajo el convenio de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (Alba) y Petrocaribe.
En aquella ocasión, en el marco de la VI Cumbre del Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, Chávez proclamaba que la botadura del buque petrolero de Transalba, “punta de lanza del Alba”, fruto del convenio entre Cuba y Venezuela, era un compromiso histórico y geopolítico. “Un viraje estratégico, histórico, moral, ético”, recalcaba el mandatario justo el año en que ganó electoralmente la reforma constitucional para la reelección presidencial indefinida.
El buque Sandino era importante “para el desarrollo de los pueblos de la región latinoamericana” resaltó Asdrúbal Chávez, vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa en aquel entonces. “Fortalece la soberanía en materia de transporte energético en todo el hemisferio”, ratificaba el 12 de mayo de 2009 el también primo del ex mandatario cuando Rafael Ramírez tenía a su cargo la presidencia de la estatal.
En realidad, el Sandino era el segundo de los 12 buques anunciados en 2009 por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), propietaria venezolana de Transalba junto con la cubana Internacional Marítima. Cuatro meses antes, el 9 de febrero, la estatal petrolera anunciaba la compra del primer tanquero de la compañía mixta, el Pétion, llamado así en honor al prócer haitiano Alexander Pétion. Estaría destinado a transportar crudo liviano desde la refinería de Puerto La Cruz hasta la refinería Camilo Cienfuegos en Cuba.
El Pétion y el Sandino, dos barcos tipo Panamax de 73 mil toneladas de peso cada uno, fueron los dos únicos buques propiedad de Transalba que se conocen hasta la fecha, adquiridos mediante un préstamo del Bandes de $61 millones respectivamente.
Los nombres de estas embarcaciones así como el de Transalba fueron mencionados en las memorias y cuentas de Ministerio de Energía y Petrolero (Menpet) desde su lanzamiento en 2009 hasta 2011. Luego, desaparecieron de los balances anuales del organismo correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Desde entonces, ya no se celebraron más actos públicos para anunciar la adquisición los otros buques prometidos o presentar indicadores de la gestión.
La soberanía e independencia de transporte de crudos entre Venezuela y los países del Caribe que el gobierno venezolano atribuyó a Transalba queda en entredicho si se revisa el lugar de nacimiento de la compañía. La empresa mixta de carácter público creada por los estados de Cuba y Venezuela está registrada en la mancomunidad de Bahamas. Su expediente, asentado en este paraíso fiscal de las Antillas, forma parte de los 1,3 millones de documentos liberados del registro mercantil del archipiélago conocido como Bahamas Leaks.
La cubano venezolana Transalba es una de las 175 mil empresas, trust y fundaciones offshore registradas en Bahamas entre 1990 y 2016 cuyos nombres reveló Bahamas Leaks, investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario Süddeustche Zeitug de Munich, los mismos que manejaron el caso de los Panama Papers sobre el bufete Mossack Fonseca, que contribuyó a crear 15.915 entidades en estas islas del Atlántico oeste.
Bahamas, ubicada a 2.368 kilómetros de Caracas y 393 kilómetros de Cuba, es un conocido paraíso fiscal con atractivos más allá de los turísticos: ofrece ventajas fiscales y secretismo bancario para evadir impuestos y ocultar fortunas sin declararlas. Desde 2011, está incluido en la lista gris elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) al no comprometerse con instrumentos multilaterales más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal.
La relación comercial entre Venezuela y Bahamas está marcada por el funcionamiento de la Bahamas Oil Refining Company International Limited, conocida como la refinería Borco, propiedad de Pdvsa. Ningún documento público menciona que la empresa Transalba en realidad está registrada en el archipiélago.
Si bien Bahamas se unió a Petrocaribe al firmar el acuerdo multilateral en junio de 2005, aún no ha formalizado el convenio bilateral con Venezuela que establezca contratos de suministros entre ambos países.
Bahamas representaría un atractivo para las inversiones de Venezuela. Forma parte de la lista de países con baja imposición fiscal, es decir, que los impuestos de las rentas o patrimonio pueden ser nulas o mínimas, según la providencia administrativa del Seniat publicada en Gaceta Oficial 37.610 (15-01-2003).
Tampoco existen impedimentos para que el estado venezolano, que constitucionalmente conserva la totalidad del negocio petrolero, pueda legalmente constituir empresas en el exterior siempre y cuando sea por razones de “conveniencia nacional”, posibilidad que se desprende de diversos tratados o acuerdos internacionales de promoción y protección a la inversión, según una consulta a Transparencia Venezuela.
Pero la pregunta queda abierta. Ni el Estado venezolano ni Pdvsa han justificado la “conveniencia nacional” de domiciliar esta empresa mixta cubano-venezolana en Bahamas, paraíso de relajados controles fiscales. Las razones permanecen en el fondo del mar. Runrun.es intentó obtener la versión de Pdvsa (mediante petición de entrevista el 17/10/2016), pero hasta el cierre de este reportaje no ha obtenido respuesta.
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