Un grupo de mujeres trabajadoras, provenientes de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, eran enviadas a Uruguay por una agencia de colocaciones que les prometía "villas y castillos", pero cuando llegaban al país la realidad era otra. Entre otras cosas, eran sometidas con la amenaza de ser filmadas con cámaras falsas y las obligaban a llamarse con nombres como "planta baja uno", "planta baja dos", "primer piso uno" o "primer piso dos".
El caso ocurrió en Uruguay y fue relatado ayer como un caso emblemático, como el "primer encuentro cara a cara" con la trata de personas, por el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Juan Raúl Ferreira. Fue durante la Conferencia Internacional "Acción y Cooperación Internacional contra la Trata de Personas: desafíos, perspectivas y propuestas", organizada por la Cámara de Diputados.
El uso de personas como mercancía es un delito que ha crecido en el último tiempo en la región. Es considerado la esclavitud del siglo XXI, y constituye el segundo delito en materia de lucro, luego del narcotráfico y seguido por la venta ilegal de armas.
Desde el año pasado, Uruguay pasó a ser considerado un país de origen, tránsito y destino de trata de personas por la Organización de Naciones Unidas, algo que ha preocupado a las autoridades que crearon una Comisión Especial en el Parlamento para tratar el tema.
En busca de aumentar la detección de redes de trata de personas, que está invisibilizado por la falta de datos (ver apunte) el Ministerio del Interior prepara un decreto -que será presentado el 23 de setiembre- con un protocolo de actuación para estos casos. Por un lado, se creará en una jefatura de cada departamento una brigada o unidad de trata de personas -que hasta ahora solo hay en Rivera y Salto- que serán los encargados de investigar los casos, informó a El Observador la subdirectora técnica de la División de Políticas de Género del ministerio, Cecilia Erhardt.
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El protocolo también involucrará a los inspectores de tránsito de todo el país. "Antes paraban un auto y pedían el documento solo del vehículo y del que manejaba. Este protocolo establece que se pida documentos a todos los del auto", dijo. La idea del ministerio es que trabajen en duplas, donde haya mujeres y hombres, que estarán con una tablet que les permitirá comunicarse con la unidad de Crimen Organizado para consultar en caso de detectar sospechas. "Si hay tres dominicanas sentadas atrás y el lleva todos los documentos, cotejar los datos con lo que diga el conductor", ejemplificó.
Sanción a operadores turísticos
Por otro lado, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPES), preparó un plan 2016-2020 que está a la espera del aval de todas las instituciones involucradas para ser elevado a decreto.
Presidido por el Inau, está también integrado por organismos públicos, ONG’s y cuenta con el asesoramiento de Unicef. Su objetivo es implementar acciones en el combate a la explotación sexual de la niñez y adolescencia.
En ese sentido, el plan implementa como una de las medidas la capacitación a largo plazo de la Policía Comunitaria, por ejemplo.
Por otro lado, establece como agravante que un operador turístico esté incolucrado en un delito de explotación en contexto de viajes y turismo, una forma de trata de personas que aseguran ha crecido. Forma parte de un convenio entre la Cancillería y la Organización Internacional para las Migraciones, aseguró Erhardt.
Falta información
"Es un flagelo invisible que buscamos combatir", aseguró durante la conferencia Laura Dupuy, de la Secretaría General Técnico Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. La dificultad para obtener información sobre el tema, hace más difícil su combate . Todos los diagnósticos que existen de la problemática en el país están desactualizados y el sistema no está articulado con los datos que obtienen los diferentes organismos, aseguró Erhardt del Ministerio del Interior. Mejorar esos puntos fueron algunos de los objetivos planteados por los ponentes durante la conferencia.
Con información de El Observador