En relación al proceso de extradición del barranquillero Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, Cabo Verde acaba de dar otra señal, según difundió elnacional
El Político
Janine Lélis, ministra de Justicia de Cabo Verde, entregó declaraciones en las que ratificó el deber de su gobierno de cooperar en casos de delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.
La funcionaria, quien firmó en nombre del Ejecutivo la extradición de Saab, agregó que el país responde a una solicitud de cooperación internacional, en este caso con Estados Unidos.
Pero indicó que se trata de un proceso que se definirá en el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, en el campo judicial.
Un dato a considerar es que una corte de Miami requiere a Saab por blanqueo de capitales, superior a los 350 millones de dólares, ligados a la construcción de casas subsidiadas para el régimen, mediante pago de sobornos.
El exjuez Baltasar Garzón busca una indemnización para el barranquillero Alex Saab, de hasta 12 millones de dólares, porque supuestamente se le violó la inmunidad.
“Respondimos a una solicitud de cooperación, pero estamos en un Estado de Derecho y Cabo Verde es conocido por el funcionamiento de la democracia y la independencia de los tribunales”, afirmó Lélis.
Señaló también que el país garantiza el debido proceso del señalado testaferro de Maduro y asegura que el tribunal decidirá sobre la base de la evidencia.
Vale destacar que desde la captura del colombiano el 12 de junio, el gobierno de Cabo Verde ha guardado silencio frente al asunto y enfatiza en la independencia de sus tribunales.
El presidente, Jorge Carlos Fonseca, ha expresado respeto al Poder Judicial del país y no ha hecho comentarios sobre el proceso.
Otro elemento a considerar es que la defensa de Saab presentó este jueves un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde contra su extradición a Estados Unidos, que avala el gobierno del país africano, explicó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.
Esa diligencia procesal, interpuesta ante el Supremo Tribunal de Justicia, busca poner los derechos de Saab bajo la protección de la Constitución de la República de Cabo Verde.
