Los sitios de detención, prisiones, centros de internamiento para menores e incluso casas hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todas dependientes del estado de Guerrero, presentan una larga lista de irregularidades que representan violaciones serias a los derechos humanos.
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En su informe 5/2016 sobre los lugares de detención e internamiento dependientes del gobierno y Fiscalía General estatal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que hay diversas violaciones relacionadas con el trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
En el documento de 66 cuartillas, enviada al gobernador Héctor Astudillo, y al fiscal Javier Ignacio Olea, el organismo nacional explica que el informe se realizó con base a visitas a diversos lugares de detención para examinar, desde su ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad, el trato y las condiciones de detención.
Así, enlistó una serie de irregularidades que son una constante en todos los centros de detención e internamiento, entre las cuales están instalaciones en malas condiciones de mantenimiento e higiene, alimentación inadecuada, atención médica deficiente, carencia de áreas exclusiva para alojar a mujeres, y ausencia de reglamentos internos y manuales de procedimientos.
En el caso específico de los centros de reclusión para adultos, además, se detectó hacinamiento, prácticas de autogobierno, cobros indebidos, sanciones disciplinarias excesivas, falta de separación entre hombres y mujeres en áreas comunes, y total ausencia de programas para prevenir y, en su caso, enfrentar situaciones de emergencia o eventos violentos.
La CNDH informó que los recorridos se realizaron acompañados por personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero a 25 lugares entre los que se encuentran: 18 agencias del Ministerio Público bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado de Guerrero; 4 centros de reinserción social para adultos y un centro de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública; así como 2 casas hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Con información de La Jornada
