La firmeza de los jueces brasileños que investigan la vasta trama de corrupción en Petrobras amenaza con una crisis institucional entre el Poder Judicial y el Senado, que puede poner contra la pared al Gobierno del presidente Michel Temer.
La caja de los truenos fue abierta por una operación ordenada la semana pasada por un juez en plena sede del Senado, en la que fueron revisados los gabinetes de cinco parlamentarios e incautados varios ordenadores y numerosos documentos que llenaron doce maletas.
Aunque los efectos de esa operación fueron suspendidos hoy por un juez del Supremo que decidió que la corte analizará la legalidad de esa acción, el ruido de la decisión que envió a la Policía Federal al Senado continuaba.
En esa operación realizada por agentes federales fueron detenidos cuatro miembros de la Policía legislativa y entre ellos el jefe de ese organismo interno, Pedro Ricardo Araújo Carvalho, hombre de la mayor confianza de Renán Calheiros, presidente del Senado.
Según la justicia, esos cuatro agentes intentaron "obstaculizar" las investigaciones contra algunos parlamentarios salpicados por la corrupción petrolera.
Calheiros, investigado en once causas distintas abiertas en la Corte Suprema, incluida una que lo vincula a las corruptelas en Petrobras, reaccionó frente a esa acción y criticó en muy duros términos al Poder Judicial y al ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.
"Un juececito de primera instancia no puede, en ningún momento, atentar contra uno de los poderes de la Nación", declaró Calheiros este lunes, en alusión al magistrado Vallisney de Souza Oliveira, que ordenó la operación.
Pero Calheiros fue más allá y afirmó que el ministro De Moraes, de cuyo despacho depende la Policía Federal, "actúa como un jefecito de Policía" al permitir "este espectáculo inusitado", que calificó "abuso" e "intromisión" de la justicia en el Poder Legislativo.
La respuesta del Poder Judicial la dio la propia presidenta de la Corte Suprema, Carmen Lucia Antunes Rocha, quien sin citar al jefe del Senado exigió "respeto" a los tribunales y afirmó en un acto público que "cuando un juez es agredido, cada juez es agredido".
Según sostuvo la magistrada, "no hay ninguna necesidad, en una convivencia democrática y libre, de hacer alguna crítica fuera del estrecho límite de la constitucionalidad".
Esos cruces de agrias declaraciones han causado preocupación en el Gobierno de Temer, quien asumió el poder el pasado 31 de agosto tras la destitución de Dilma Rousseff, que entre otras cosas le acusa de haber promovido un "golpe parlamentario" con el objetivo de "acabar" con la investigación en Petrobras.
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Esa trama salpica a dirigentes de casi todo el arco político y en especial a los partidos de los Trabajadores (PT), de Rousseff, y del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer y tiene entre sus principales referentes a Renán Calheiros.
Temer ha intentado mediar entre Antunes Rocha y Calheiros y ha propuesto una reunión entre los tres, que hasta ahora no ha podido concretar.
Fuentes del Gobierno consultadas por Efe admitieron que el asunto le ha causado a Temer un "doble dolor de cabeza".
Por un lado, le preocupa que la reacción de Calheiros genere la sensación de que el PMDB busca frenar la investigación en Petrobras, y por otro que ese conflicto dificulte la aprobación en el Senado de algunas medidas de un ajuste fiscal que considera claves para atajar la crisis económica del país.
Pese a sus intentos por ponerle coto al malestar, en los últimos días Antunes Rocha y Calheiros han dado algunos pasos que los ponen en un claro rumbo de colisión.
Calheiros envió un oficio al Supremo en el que exigió, en nombre del Senado, que ese tribunal constitucional defina "claramente" los límites y competencias de cada uno de los tres poderes de la Nación.
También anunció que rescatará un proyecto de ley que reposa desde hace dos décadas en el Senado y altera normas para la jubilación de los jueces, así como propondrá una nueva ley, que defina penas más duras para "abusos de autoridades", en especial del Poder Judicial y los organismos policiales.
La presidenta del Supremo no se quedó atrás y le dio una vuelta de rosca al caso, al decidir que la próxima semana la Corte decidirá si un político que se transforme en reo del Poder Judicial puede o no ocupar un cargo que entra en la línea sucesoria presidencial.
Según la Constitución brasileña, en ausencia del jefe de Estado, en la línea sucesoria sigue el vicepresidente, un cargo vacante pues hasta la destitución de Rousseff lo ocupaba el propio Temer.
Luego siguen el jefe de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado, por lo que si la corte decide que un reo de la justicia no puede estar en esa línea, Calheiros se vería obligado a dejar el cargo si, eventualmente, el Supremo acepta algunas de las denuncias que pesan en su contra.
Con información de EFE
