Una nueva prueba en el procedimiento del reciente peritaje incorporado a la causa abierta contra Plus Ultra generó rupturas entre las partes de la causa.
El Político
Incluso antes de incorporarse sus conclusiones, que indican que la aerolínea española podría haber incurrido en "irregularidades". Las mismas afectan a su Patrimonio Neto en el resultado del ejercicio 2019.
Esto podría ser clave a la hora de analizar si la empresa estaba o no en causa de disolución antes de la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus.
Reporta una nota de Voz Populi que la decisión de la magistrada Esperanza Collazos de encargar esta diligencia provocó el rechazo directo de la Abogacía General del Estado, que defiende al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, y al resto de vocales del Consejo Gestor que autorizaron un desembolso de 53 millones de euros de los fondos públicos.
Los servicios jurídicos del Gobierno insisten en que no existe causa y que los informes antes del rescate son más que suficientes para probar su condición de compañía estratégica.
Estos no lograron frenar la diligencia encargada desde el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
De hecho, la instructora desestimó el pasado 29 de septiembre sus recursos advirtiendo que la prueba es perfectamente válida, tal y como figura en la última documental aportada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Declaración
"Tanto es así, que varias partes en el procedimiento han basado sus confusiones tanto en una sociedad DC Advisory 2020. Como en un despacho de Abogados y ello puede ser debido, claro está, a la complejidad de la causa. Siendo que estos despachos cuentan con más medios técnicos y humanos para, encontrar la verdad material". Se refiere la magistrada a la consultora que contrató la SEPI para evaluar las condiciones el rescate.
Se desconoce cuáles son los indicios, por qué se cuestionan unos informes técnicos elaborados por empresas independientes seleccionadas de forma objetiva
