Cuando la Justicia comenzó a actuar, el caso Plus Ultra reunía ya elementos de sobra para generar recelo.
El Político
Desde la implicación de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez, a la batalla política desatada en el Congreso, pasando por la presencia de ‘popes’ chavistas tras el capital de la aerolínea.
Hasta la propia Abogacía del Estado se opuso de lleno a realizar un peritaje, alegando que el rescate estaba avalado por tres informes pertinentes (Deloitte, Daiwa y Aesa). El juzgado madrileño acabó asignando la tarea el 2 de agosto.
Lo asumió Martín Molina Abogados y Economistas, un despacho reputado y con amplia experiencia en la materia, reportó Vozpópuli.
Caso de Aerolinea Plus Ultra
El equipo de Pedro Martín Molina hizo su trabajo y puso el dedo en la llaga. Su informe resalta por escrito dos puntos más que controvertidos. Por un lado, destaca que la empresa usó, para canalizar una línea de crédito, un banco domiciliado en un paraíso fiscal (el panameño Panacorp).
Por otro, cuestiona el apunte contable del traspaso de un avión, vital para Plus Ultra a la hora de demostrar que era solvente antes de la pandemia.
En concreto, como ha informado Vozpópuli, la aerolínea pagó con ese activo a los inversores que acudieron a una emisión de deuda de diez millones en 2019.
Peritos se niegan a trabajar
Lo que ha llamado la atención de los peritos es que la empresa pactó el alquiler del avión durante cuatro años; y la recompra posterior por nueve millones.
«El resultado económico de la operación es claramente beneficioso», advierte el informe, que alerta de «una incorrecta imputación al resultado del ejercicio 2019».
«Nadie tiene interés en vender algo depreciable a un tercero para obligarse a comprarlo a este tercero y mantener su uso en este ínterin», confiesa un perito a este diario. «En la Agencia Tributaria por mucho menos califican esta operación de ‘simulación’», añade.
Lee el reportaje completo en Vozpópuli.
