El Político.- En la medida en que se han conocido los vínculos de funcionarios civiles y militares de los gobiernos de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y al terrorismo internacional, ha crecido la certeza que en Venezuela funciona un narcoestado con características únicas. Varias investigaciones en curso buscan la ruta para establecer este escenario que traerá consecuencias negativas para la nación suramericana sumergida en una aguda crisis política, económica y social.
Los expertos tradicionales hablan de un narcoestado como un área en donde el gobierno, el crimen organizado y las autoridades se han fusionado. En el concepto clásico de narcoestado los cárteles de las drogas se mueven con absoluta impunidad, puesto que las agencias que aplican la ley no actúan en su contra, ya sea por un compromiso adquirido entre las cúpulas de poder o por el pago de sobornos o la cohabitación acordada por los sectores que manejan la autoridad y esas organizaciones.
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Desde el inicio del milenio se habían presentado algunos síntomas de las vinculaciones entre el gobierno de Hugo Chávez y el narcotráfico. Buena parte de esas sospechas se confirmaron gracias a los datos encontrados en las computadoras del guerrillero Raúl Reyes y -luego- en los equipos incautados el 23 de septiembre de 2010 por la Policía y Fuerzas Militares de Colombia durante la Operación Sodoma en la que murió alias ‘Mono Jojoy’ jefe de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En menos de dos décadas se produjo una descomposición de una parte de la clase política venezolana y se observó un incremento desmesurado de la corrupción que se han enquistado en los más altos niveles del gobierno y de algunos grupos de la oposición. Con los años también se han incrementado las acusaciones contra funcionarios del gobierno, familiares y adeptos de tener vínculos con el crimen organizado, incurrir en actos de corrupción, crear y encubrir redes delincuenciales, hacer negocios ilícitos, desviar recursos y recibir dinero para sus campañas proveniente de distintas organizaciones criminales.
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