Catar se ha vuelto un país crucial para Europa en su frenética búsqueda por reemplazar las importaciones energéticas rusas.
El Político
Catar es el mayor exportador de gas natural licuado (GNL) del mundo y un potencial aliado comercial para los países de la Unión Europea. Los cuales hasta ahora cubren cerca del 40% de sus necesidades gasíferas desde el mercado ruso.
Esa dependencia energética entre Europa y Rusia no había sido un gran problema hasta que en febrero el Kremlin decidió invadir Ucrania. Lo que hizo que la relación comercial se vuelva cada vez más insostenible, reportó la BBC.
Catar importará gas a Europa
Europa ya ha comenzado a firmar acuerdos a largo plazo para aumentar las importaciones de gas desde otros países. Pero esa no es una solución suficiente para compensar la potencial pérdida de importaciones de gas ruso.
Tomemos el caso de Alemania, donde el 55% del gas que consume viene de Rusia.
Recientemente el ministro de Economía, Robert Habeck, pidió medidas sin precedentes para disminuir la dependencia y contrarrestar lo que considera como un "chantaje energético del Kremlin".
Es que no basta con que Alemania reciba barcos con gas natual licuado (GNL) desde otras latitudes, puesto que necesita construir las instalaciones para procesarlo, un plan que puede llevar de tres a cinco años, según los cálculos del gobierno.
Planes de expansión de Catar
El país tenía en sus planes expandir la capacidad de exportación en aproximadamente un 60% para 2027 antes de que comenzara la guerra. Por lo que la oportunidad a mediano plazo de proporcionar GNL a Europa "será una bendición, tanto económicamente, si los acuerdos se establecen en precios actuales, y políticamente", apunta.
Siendo una monarquía semiconstitucional con el emir como jefe de Estado, y el primer ministro como jefe de gobierno, Catar no tiene que pasar por complejos procesos de toma de decisiones, ni conseguir el respaldo político de distintos partidos.
El sistema político del país ha sido considerado por organizaciones occidentales como un "régimen autoritario", una calificación que el gobierno catarí rechaza.
Amnistía Internacional ha denunciado prácticas que considera como "explotación y abuso" de trabajadores migrantes.
