El proceso judicial contra los dos exmilitares uruguayos, en el marco de la investigación por la desaparición y muerte del químico chileno Eugenio Berríos, y que duró casi 25 años atentó "contra todo lo que tiene que ser la Justicia", según dijo hoy a Efe su abogado, Amadeo Otatti.
"Estas personas estuvieron sometidas a un proceso penal desde el año 1993 hasta ahora (…), es un verdadero disparate que atenta contra lo que tiene que ser la Justicia, que tiene que expedirse con diligencia cuando entiende que se ha cometido un delito, y no tener a personas sometidas a un proceso penal (…) durante casi un cuarto de siglo", dijo Otatti a Efe en una conversación telefónica.
Los exmilitares uruguayos Eduardo Radaelli y Tomás Casella fueron puestos en libertad condicional el pasado viernes 23 de diciembre, luego de un largo proceso que comenzó en el mismo Uruguay en 1993.
Ambos militares, junto con el también oficial uruguayo Wellington Sarli, fueron requeridos por la justicia chilena después de que las autoridades uruguayas no les encontrasen culpables de ningún delito relacionado con la desaparición y muerte de Eugenio Berríos, espía y bioquímico de la dictadura de Augusto Pinochet, tras 13 años de investigación.
"Se investigó a estos tres ciudadanos uruguayos en el juzgado de Pando (Canelones, sur) durante 13 años sin que se les encontrara responsabilidad ninguna por ningún tipo de delito que tuviera que ver con la situación de esta persona (Berríos)", aseveró el abogado defensor.
Sin embargo, según contó Otatti, Chile pidió la extradición que se le fue concedida en 2006 al país andino y fueron condenados en 2015 por delitos de secuestro y asociación ilícita.
Casella fue condenado a diez años de cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita, mientras que Eduardo Radaelli a otros diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita.
Wellington Sarli, que reside en Chile donde decidió cumplir sentencia, a cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Tras la sentencia, tanto Casella como Radaelli pidieron cumplir condena en su país de origen, una posibilidad contemplada por la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero, ratificada tanto por Chile como por Uruguay.
Según un comunicado remitido por el Poder Judicial uruguayo, el juez entendió que el instituto de la libertad condicional es "el que mejor se ajusta a la situación de libertad de la que ambos exmilitares gozaban en Chile cuando les fue dictada la sentencia condenatoria".
"La condición indispensable para que puedan las personas que han sido condenadas por un delito amparados en este instituto liberatorio es que estuvieran en libertad al momento de dictarse la sentencia de condena, que era lo que ocurría en este caso, solo los primeros meses estuvieron privados de libertad, luego durante 9 años largos ellos estuvieron en libertad", explicó el abogado.
Berríos fue secuestrado en Parque del Plata (sureste de Uruguay) en noviembre de 1992 y tres años después sus restos aparecieron en El Pinar (20 kilómetros al sur).
La Justicia chilena comprobó la participación de servicios de inteligencia militar de ambos países, lo que provocó un hecho político y diplomático de repercusiones internacionales.
Con información de: EFE
