Los intereses económicos de la izquierda estadounidense con el régimen venezolano quedan en evidencia tras el aligeramiento de las sanciones petroleras en vano.
El Político
El año pasado, en conjunto con la oposición venezolana y el departamento de estado de los Estados Unidos se llevó a cabo un acuerdo donde, a cambio de unas elecciones “libres y seguras” el régimen venezolano obtendría el aligeramiento de las sanciones impuestas por Trump en 2017.
Como parte de los acuerdos principales establecía que el régimen debía permitirle a todos los candidatos que quisieran participar en las próximas elecciones de 2024 la oportunidad de formar parte de la boleta electoral.
Sin embargo, este 26 de enero se dio a conocer el veredicto del TSJ sobre la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado, para las próximas elecciones presidenciales.
María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana, quien fue escogida como la candidata favorita de los venezolanos para enfrentarse a Nicolás Maduro en los próximos comicios.
Incumplimiento del régimen
Tras esta decisión del Tribunal Supremo, se espera que todos los beneficios que el régimen había obtenido tras el acuerdo de Barbados.
De esta manera, colapsó el gran plan de Joe Biden, que desde hacía más de un año había comenzado un proceso de quita de sanciones contra Venezuela, a cambio de dos cosas: que el chavismo permitiera elecciones libres en su país y que le vendiera cuotas preferenciales de petróleo, según Derecha Diario.
Para muchos, el incumplimiento de los acuerdos por parte del régimen era totalmente predecible; por esto, la confianza brindada por los norteamericanos resulta enormemente sospechosa.
Tras la prohibición del viernes contra la líder opositora, Estados Unidos está “actualmente revisando” las sanciones a Venezuela, según dijo el Departamento de Estado en un comunicado, “en base a este desarrollo y los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil”.
En X (ex Twitter), Machado dijo que la decisión del Supremo de inhabilitarla por 15 años, pone fin al acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que contemplaba “garantías electorales”, así como el fin de las inhabilitaciones.
“El régimen decidió acabar con el acuerdo de Barbados. Lo que no se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”, aseveró Machado. A su juicio, el dictador Nicolás Maduro y “su sistema criminal” escogieron el camino de “unas elecciones fraudulentas”.
Con 3 meses de retraso en el cumplimento de su parte, y los Estados Unidos extendiendo los beneficios para el régimen es cada vez más evidente para muchos.
