La muerte de 40 adolescentes en un refugio y un motín en un centro correccional en el que murieron cuatro funcionarios, ocurridos en un lapso de menos de 15 días en Guatemala, pusieron de relieve la ineficiencia del sistema de rehabilitación de menores.
Redacción El Político
Ambos centros ubicados en el municipio de San José Pinula, 10 km al este de la capital, tienen un largo historial de denuncias de abusos y maltratos por parte de funcionarios en contra de los menores, reseña AFP.
En el refugio Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde un incendio causó la muerte de las 40 menores, se han denunciado incluso abusos sexuales y se sospecha la existencia de una red de prostitución, según la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
"El hogar no es abrigo ni protección porque hay denuncias de abusos y mala alimentación, pero lo más grave es que se sospecha que fomentaban la trata de personas, la prostitución y violaciones", dijo a la AFP la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra.
Los centros son administrados por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), que actualmente tiene cinco hogares de protección donde se encuentran unos 1.500 menores, y cuatro correccionales con una cantidad similar de internos.
El refugio se mantenía bajo la lupa de activistas debido a reiterados casos de fugas y el despido de funcionarios acusados de cometer abusos.
Abandono estatal
Para Ibarra, la falta de acción estatal para aplicar las leyes vigentes y la corrupción de los administradores han hecho de esos centros "verdaderos infiernos" de los que no cabe esperar "ninguna posibilidad de rehabilitación".
Ibarra comentó que si los jóvenes llegan a un refugio o correccional es porque no han tenido otras oportunidades, dada la ineficiencia del Estado en procurar educación, salud y condiciones necesarias para una vida digna.
En el Hogar Seguro, además de las 40 jóvenes muertas, el incendio del 8 de marzo causó lesiones a otras 18, de las cuales la mitad fueron llevadas a hospitales especializados en quemaduras en Estados Unidos.
La tragedia en el albergue provocó airadas protestas, principalmente en la capital, con manifestaciones que denunciaron los hechos como un "crimen de Estado".
"Vemos que hay ausencia de un sistema de protección a la niñez y adolescencia. Hay una desarticulación en el trabajo de las instituciones del Estado", declaró a la AFP Sandra López, directora de Prevención de la ONG Refugio de la Niñez.
Lamentó que el Estado carezca de programas de atención individualizados para los menores y en los hogares no existe personal especializado.
Ibarra y López coincidieron en que urge mejorar el modelo actual de los refugios y reclusorios, evitar la internación de los menores y revisar los métodos de rehabilitación.
López planteó crear de una escuela de padres para que los progenitores tengan la capacidad para encauzar al menor en rebeldía.
