Tras una maratónica formalización que comenzó ayer y terminó hace pocos instantes, el tribunal resolvió decretar prisión preventiva, arresto domiciliario nocturno y firma quincenal a las cuatro personas que montaron una red de tráfico ilícito de inmigrantes conocido como Caso DEM.
Se trata del funcionario del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) dependiente del Ministerio del Interior, Cristian Hugo Veas, y sus ex compañeros en el organismo César Araneda Núñez y Néstor Gustavo Huenupán Mellado; además del colombiano Julián Herrera Hinestroza.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Centro Norte, Veas (arresto domiciliario nocturno) aprovechaba su calidad de funcionario para tramitar las solicitudes con antecedentes incompletos y realiza cálculos de multa de extranjeros infractores por un monto inferior al que corresponde.
Mientras que Araneda Núñez (prisión preventiva) ofrecía servicios como asesor migratorio, al tiempo que falsificaba documentos con timbres originales del DEM, como certificados de cotizaciones, finiquitos de contrato y contratos de trabajo falsos, entre otros.
Mientras que Araneda Núñez (prisión preventiva) ofrecía servicios como asesor migratorio, al tiempo que falsificaba documentos con timbres originales del DEM, como certificados de cotizaciones, finiquitos de contrato y contratos de trabajo falsos, entre otros.
Según el Ministerio Público, Huenupán Mellado (firma y arraigo) también falsificaba documentos, pero además gestionaba ante la 49ª notaría contratos de trabajo para extranjeros sin que concurran a dicha oficina.
Finalmente, el ciudadano extranjero (firma y arraigo) materializaba las gestiones de Araneda. Es decir, utilizaba los documentos falsificados y los presentaba en el Departamento de Extranjería y Migración.
La investigación de la fiscal Carolina Suazo y la Brigada Investigadora contra la Trata de Personas (Britrap) de la Policía de Investigaciones reveló que esta agrupación delictual pretendía lograr que los afectados creyeran erróneamente que tenían visas en trámite.
El tribunal dio por acreditados los delitos de falsificación y uso de instrumento y fraude, pero consideró que por el momento no estaría acreditado el tráfico ilícito de inmigrantes
Con información de El Mercurio de Chile
