La votación fue unánime en la Corte de Apelaciones de Santiago para que el Estado de Chile pague por concepto de indemnización $1.840.000.000 a 74 familiares de 20 víctimas del tsunami que se registró en la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010.
El Vigésimo Segundo Juzgado Civil dictó la sentencia la cual establece que el Estado de Chile deberá cancelar entre $7.500.000 y $30 millones a familiares de fallecidos y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.
La decisión fue pronunciada por la Duodécima Sala, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro Fernando Carreño Ortega y la Ministra Patricia Liliana González Quiroz.
De igual forma, la sentencia descarta infracción de ley en el fallo dictado por el juez Pedro García, que en abril del año pasado estableció la responsabilidad de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) por falta de servicio durante la emergencia.
La resolución de primera instancia atribuye la responsabilidad de la tragedia a la Onemi y el SHOA por incumplir los protocolos establecidos. Expone que la Oficina de Emergencia debió decretar Alerta Roja tras recibir la alerta de maremoto por parte de la Armada.
Parte del fallo del juez García señala que: "Por una parte, se tenía la propia alerta de tsunami transmitida al C.A.T., y por otra, se tenía como respaldo el primer boletín del Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que alertaba de un posible tsunami en las costs chilenas, recibido en la sala SNAM a las 03:48 horas, documento que había sido remitido por el PTWC a las 06:46, hora internacional, 03:46 hora de Chile".
En ese sentido, expone que con dichos antecedentes la Onemi debió haber emitido Alerta Roja y haberla comunicado a quienes por protocolo estaba obligada, entre ellos, a Carabineros apostados en la zona afectada. "Todo ello con la finalidad de impedir la pérdida de vidas humanas y bienes, lo que en definitiva no hizo".
Con información de La Tercera y Emol