El Gobierno de Chile negó este jueves haber sido víctima de un fraude supuestamente cometido por tres empresas españolas que operan en el sector del combate a los incendios forestales.
"En Chile no hemos formado parte ni conocido en forma directa los alcances que pueda tener esa situación que ha ocurrido en otro país", afirmó hoy la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez.
La portavoz del Ejecutivo de Michelle Bachelet aseveró que en Chile los procesos de licitación se hacen con apego a la ley. "Son registros totalmente transparentes y que se hacen en el marco del ordenamiento jurídico que nos rige", enfatizó.
El Gobierno salió así al paso de la denuncia del senador opositor Manuel José Ossandón, quien este jueves solicitó a la Contraloría General de la República que investigue la denuncia que relaciona a empresas que operan en la lucha antiincendios y que son investigadas en España por cohecho y fraude, entre otros delitos.
La denuncia del parlamentario derechista tiene como referencia un reportaje emitido ayer miércoles por el canal Mega sobre un supuesto cártel integrado por las empresas Faasa Aviación, Inaer Helicópteros y Martínez Ridao, que presuntamente se coludieron para adjudicarse millonarios contratos en Chile, España, Portugal e Italia.
"Parece que el país se sigue quemando y que el agua de los helicópteros estaba medio turbia", comentó el senador Ossandón, quien aspira a ser el candidato presidencial de la derecha en los comicios de noviembre próximo.
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"Esto puede tener una arista criminal gravísima. ¿Qué pasa si por obstinarse en el uso de helicópteros y no aceptar a tiempo el uso de aviones (cisterna) gigantes hubo gente que perdió la vida? Eso sería gravísimo. Hay once muertes en juego", dijo Ossandón en alusión a la reciente oleada de incendios que afectó al centro y sur del país.
Al respecto, la ministra portavoz señaló hoy que "el Gobierno es el primer interesado en que cualquier situación que no se apegue a la ley sea investigada y sancionada de acuerdo al ordenamiento jurídico".
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Y recalcó que "existen los organismos pertinentes para llevar adelante cualquier investigación que se requiera hacer".
Las denuncias del reportaje televisivo y del senador Osaandón se refieren a una investigación de la Policía española que está en manos del juez Héctor Ignacio Santamaría, del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia, España).
Dicha investigación -según publicó el pasado 21 de diciembre eldiario.es-, señala que "las empresas del llamado ‘cártel del fuego’ habrían obtenido más de 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios".
La información de este medio de comunicación digital español indicaba que por "estas prácticas supuestamente delictivas" se vieron afectadas administraciones públicas de ocho comunidades autónomas españolas, así como de Portugal, Francia, Italia y Chile.
EFE
