El expresidente chileno Sebastián Piñera propuso este martes que los reclusos mayores de 75 años o que tenga una enfermedad terminal cumplan su condena en arresto domiciliario.
En una carta publicada hoy por el periódico El Mercurio, el exmandatario afirmó que "por una razón humanitaria, de dignidad de la vida y de permitir que la cercana muerte de esas personas las encuentre acompañadas de su familia y seres queridos, creo conveniente sustituir la pena de prisión en un establecimiento carcelario, por arresto total en su propio domicilio".
"Diversas legislaciones como la alemana, la norteamericana, la canadiense y la española contemplan esta sustitución de penas para personas condenadas de avanzada edad o con enfermedades terminales, y tienen como fundamento esencial los argumentos humanitarios ya señalados" agregó.
Según datos de Gendarmería, para mayo de 2016 existían en Chile 102 internos mayores de 75 años cumpliendo condena en los recintos penales del país, muchos de los cuales tienen enfermedades muy graves o terminales, destacó la misiva.
"Por estas razones, como país debiésemos avanzar hacia una legislación más moderna y humanitaria en esta materia" sostuvo Piñera, quien se perfila como posible carta presidencial de la coalición derechista Chile Vamos.
"De esta forma la sociedad chilena mostraría un rostro más humanitario, beneficiando incluso a aquellos que, a pesar de haber sido condenados por delitos graves, merecen dignidad en la última etapa de sus vidas y la oportunidad de tener una muerte digna junto a sus familiares y seres queridos", agregó.
Piñera opinó sobre el tema después de que este domingo, en una entrevista con El Mercurio, el ministro de Justicia, Jaime Campos, se manifestara a favor de que los condenados enfermos terminales que cumplan sus penas en cárceles como el penal de Punta Peuco – la prisión especial para violadores de los derechos humanos encarcelados en Chile- pudieran quedar en libertad.
"Hoy día los tribunales, como pasó con Pinochet, pueden sobreseer a un procesado por falta de salud mental y con eso termina el juicio. Pero ni los tribunales ni el órgano administrativo pueden permitir que un condenado que está enfermo vaya a morir tranquilamente a su casa", recalcó el ministro de Justicia.
Campos aseguró que se debe tener "un mínimo de humanidad" y recalcó que no se refería particularmente a Punta Peuco.
"Me parece obvio que los enfermos terminales o las personas que padezcan enfermedades graves, invalidantes, complejas, salgan. Es que hay que tener un mínimo de humanidad en la vida y de compasión. Si por muy delincuentes que sean, también son seres humanos", señaló
La ministra portavoz del Gobierno, Paula Narváez, aseguró a los medios que las declaraciones del ministro de Justicia "no reflejan la opinión del Gobierno".
"Los derechos humanos de las personas que están recluidas hoy día en Punta Peuco son derechos humanos que están resguardados. Otra cosa son los beneficios carcelarios, que es una discusión que hay que dar como país, que está en desarrollo, en proceso y que, en función de ese análisis de todos los elementos que están sobre la mesa, se van a poder tomar decisiones en el futuro", aseguró Narváez.
Las organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) salieron al paso de las opiniones del ministro y de partidarios del fallecido dictador recordando que se trata de antiguos agentes que cometieron crímenes horrendos, delitos de lesa humanidad.
También hicieron ver que los militares presos no se han rehabilitado, no han colaborado con la justicia y no han revelado el destino de los detenidos desaparecidos.
En Chile, durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como desaparecidos, mientras otros chilenos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de EFE
