Chile podría ahorrar hasta 106 millones de dólares al año por pérdidas asociadas a los desastres de origen natural si pusiera en marcha una serie de iniciativas estratégicas, dijo a Efe el presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), Gonzalo Rivas.
"Nuestra exposición al riesgo frente a eventos extremos de la naturaleza es cada día mayor y requiere de respuestas elaboradas que naturalmente involucran no sólo a las ciencias y la tecnología, sino a la sociedad en su conjunto".
"Pero, más aún, los desastres de origen natural nos abren la oportunidad de hacer de ellos un polo de desarrollo para Chile", según un informe elaborado por este organismo, que asesora a la Presidencia de la República.
Entre 1980 y 2011, Chile fue el país que más sufrió en el mundo por esta causa en cuanto a costes materiales se refiere, porque el 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual hubo de destinarse a acciones de reacción y reparación de desastres naturales como aluviones, tsunamis, terremotos o incendios.
Por ello, el informe "Hacia un Chile Resiliente frente a Desastres: Una Oportunidad", elaborado por una comisión presidencial orientada por el CNID, propone invertir en el "desarrollo de nuevas capacidades de Investigación y Desarrollo e innovación (I+D+i) que hagan viable una respuesta más eficiente".
Ello, según el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, permitiría que por cada dólar invertido, el país se beneficiaría con 2,3 dólares.
Pero lograr que la innovación sea un eje efectivo de desarrollo de Chile es "un objetivo que, a todas luces, hasta ahora no ha sido exitoso", admitió Rivas.
La falta de acuerdo político sobre el rol del Estado y el mercado en la innovación es una de las dificultades detectadas por el Consejo.
Así, si en su primer mandato presidencial Michelle Bachelet impulsó el desarrollo de "clusters" (empresas de un mismo sector que colaboran estratégicamente), su sucesor, Sebastián Piñera, optó por el emprendimiento y el impulso de las "start up" (organizaciones que desarrollan productos o servicios innovadores).
"Hay gente inteligente en todos lados. El problema no es ese. El problema es poner a la gente inteligente a trabajar en un propósito común", explicó Rivas.
Pero, además de la falta de consenso, un segundo problema es la disputa entre el mundo de la economía y el de la ciencia.
"El primero dice ‘nosotros no podemos seguir otorgándole recursos a estos científicos, que hacen lo que quieren’ (…) y el segundo opina ‘éstos son unos ignorantes y no entienden que no hay que hacer distinciones entre la ciencia básica y la ciencia aplicada'", precisó.
En lugar de hablar solamente de competividad, "nosotros creemos que lo que Chile necesita realmente es desarrollarse", apuntó el presidente del CNID, organismo que emitió un informe que abunda precisamente en esta idea.
Una tercera traba que el Consejo intenta superar tiene que ver con una mirada muy restringida acerca de quiénes hacen innovación y a quién debe apoyar el Estado.
"Siempre se pensó que la innovación la hace el mundo de la empresa, pero nosotros pensamos que hay un mundo más amplio, la innovación social", manifestó Rivas, quien destacó el impulso de proyectos para, por ejemplo, la superación de la extrema pobreza.
Todo el Estado tiene que ayudar al desarrollo del innovación "y sin embargo tenemos muchas herramientas que no se están usando", se lamentó el presidente del CNID, quien considera que "darle la espalda a la ciencia, la innovación y la tecnología sería un gravísimo error".
Innovaciones radicales llevadas a cabo en Chile, como una nueva variedad de uva o el proceso de lixiviación bacteriana del cobre, requieren un periodo de maduración de doce a quince años. "No hay en Chile empresas que soporten eso por sí solas", aseguró.
Cuando en marzo próximo el CNID presente la Estrategia de Innovación -el documento para la adopción de políticas en el que llevan meses trabajando- "propondrá un esquema original que movilice recursos públicos, pero en el que los privados también puedan participar activamente".
"Tenemos 0,9 investigadores por cada 1.000 empleados, cuando el promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es de 7 y en países avanzados llega hasta a 12. Turquía ha pasado de 1 a 4 en sólo diez años. En Chile vamos muy lentos", reconoció Rivas.
Con información de: EFE
