Karen Atala, jueza chilena, había presentado una denuncia después de que la Corte Suprema de Chile le negara la custodia de sus hijas por su orientación sexual, tras una demanda de su exmarido y padre de las tres niñas, nueve años atrás. La CIDH argumentó que la justicia chilena había operado basada en un patrón cultural.
Cuenta Atala que el texto incluía “una frase muy linda en que decía que estos prejuicios se perpetúan por parte del Estado, a través de sus agentes, la constante vulneración de estos derechos". Por este motivo la sentencia de la Corte Interamericana no sólo establecía la obligación de Chile de entregar compensaciones simbólicas y apoyo a las víctimas, sino que pedía establecer mecanismos de no repetición de conductas discriminatorias. A cinco años del fallo, la jueza dice que lo último no está cumplido cabalmente.
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En concreto, se exigía que el Estado hiciera capacitaciones y campañas de sensibilización sobre diversidad sexual, género y derechos humanos. Para Atala, el Estado se limita a dar como cumplida dicha obligación, aunque solo aborda el problema con una perspectiva general contra la discriminación que incluye varios grupos discriminados (discapacitados, migrantes, entre otros) sin considerar la especificidad de la sentencia de su caso.
“Puedo decir como víctima del caso y activista de derechos LGBT que falta tomarse en serio el compromiso internacional con los derechos humanos y ampliar la mirada. El Estado de Chile se quedó con que los derechos humanos son el derecho a la vida y a la libertad —los derechos de la dictadura, digamos— pero se olvida el derecho a la igualdad. Si no estamos en un Estado de excepción y estamos en un Estado democrático, se tienen que potenciar los derechos de la igualdad”, enfatiza Atala.
Sólo meses después de que el Estado fuera condenado, en Chile se promulgó la ley antidiscriminación, un proyecto que se tramitaba hace años y que entre otros elementos planteaba la obligación legal de los órganos del Gobierno para implementar políticas que garantizaran un Estado sin discriminación. “Si la condena no hubiera salido, quizá la ley se hubiera demorado un año o mucho más”, afirma la jueza.
