Un historico acuerdo entre el Gobierno de Chile y la oposición podría poner fin a la era de violencia que ha marcado las últimas semanas en el país del Sur. El clamos de los pueblos pobres, los estudiantes y la gente corriente fue escuchado. Chile tiene que cambiar y necesita una reforma estructural.
El Político
Gobierno y oposición acordaron una hoja de ruta para dotar al país de una nueva Constitución, mediante un plebiscito de entrada que preguntará a la ciudadanía si quiere una nueva Carta Magna y, en caso afirmativo, qué fórmula constituyente prefiere.
Comienza el gran debate ideológico
La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y pone a Chile en el camino hacia una Constitución que sustituya a la actual, aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que ha sido señalada como el gran escollo para construir un país más justo por la ciudadanía en la actual crisis social, que dura ya cuatro semanas y que ha dejado al menos 22 fallecidos.
La Constitución de Chile fue aprobada el 11 de septiembre de 1980 en un polémico plebiscito durante el régimen militar. Su ideólogo fue el profesor de derecho y senador de extrema derecha Jaime Guzmán, asesinado en 1991 por un comando de extrema izquierda.
El texto fundamental se redactó a la medida de los sectores más conservadores de la sociedad para que permanecieran en el poder, incluso después del fin de la dictadura. Incluía altos quorum para cualquier cambio sustancial.
La Constitución tenía que redactarse de tal forma que “si llegan a gobernar nuestros adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”, explicó en su momento Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la derecha conservadora.
Una ley constitucional también estableció un sistema electoral binominal de diputados y senadores que favoreció particularmente a los partidos de derecha.
A pesar de la transición política, Augusto Pinochet no abandonó la política realmente hasta diez años después del final del régimen militar. Siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta 1998 y senador hasta 2001.
Durante la transición, los partidos políticos democráticos “tuvieron que negociar la aceptación de la Constitución de 1980, la Constitución de la dictadura. Y eso condicionó luego todo el proceso político. Entonces claro, pudo haber habido razones de prudencia política, evitando que se entrampara la transición”, subraya Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales.
Dos preguntas
El plebiscito de entrada resolverá dos preguntas. En la primera, los ciudadanos tendrán que responder si quieren o no una nueva Constitución. En la segunda, deberán pronunciarse sobre qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución, una “convención mixta constitucional”, compuesta al cincuenta por ciento por parlamentarios y por ciudadanos electos para la ocasión; o una “convención constitucional”, para la que todos sus integrantes serán electos para este efecto.
La elección de los miembros de ambas instancias se realizará en octubre de 2020 conjuntamente con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal. El órgano constituyente que se elija deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quorum de dos tercios de sus miembros. Una vez redactada la nueva Carta Magna, esta será sometida a su ratificación en otro plebiscito mediante sufragio universal obligatorio.
Acuerdo por la paz
El acuerdo, bautizado como “Por la paz social y la nueva Constitución”, atiende a la “grave crisis social y política” que vive el país, “a la movilización de la ciudadanía” .
El pacto fue anunciado a las 2:24 hora local (5:24 GMT) y se logró tras dos largas jornadas de conversaciones entre las fuerzas políticas oficialistas y las opositoras, a excepción del Partido Comunista y del Federación Regionalista Verde Social, que no quisieron participar.
Salida pacífica a la crisis
“Es una noche histórica para Chile y para la democracia”, dijo el presidente del Senado, Jaime Quintana, al anunciar el acuerdo ante los medios de comunicación. Señaló que con este acuerdo la política asume su responsabilidad sobre “una serie de injusticias e inequidades” que los chilenos han denunciado.
“Esta respuesta que están dando transversalmente todos los partidos que aquí nos acompañan es una muestra que busca señalar un camino de profundización democrática, de una salida pacífica a la crisis, de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”, señaló el presidente del Senado.
