La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un contundente rechazo a las recientes declaraciones del ministro venezolano Diosdado Cabello, quien el 28 de mayo acusó a cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) del país de estar vinculadas a supuestos planes terroristas para desestabilizar el proceso electoral celebrado el 25 de mayo.
Las ONG señaladas por Cabello fueron Provea, Maracaibo Posible, Foro Penal y Médicos Unidos de Venezuela, a quienes el funcionario responsabilizó de trabajar activamente con “estructuras terroristas”, basándose en supuestas evidencias encontradas en el teléfono del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido días antes y cuyo paradero es desconocido para su familia y abogados.
Estigmatización y contexto de persecución
La CIDH calificó estas afirmaciones como “declaraciones estigmatizantes” y alertó que forman parte de un contexto más amplio de persecución y criminalización de voces críticas en Venezuela, que incluye a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos. El organismo internacional denunció que el discurso de altos funcionarios del gobierno venezolano contribuye a justificar actos de hostigamiento, persecución y represalias contra quienes denuncian violaciones de derechos humanos o expresan disenso con las políticas oficiales.
En su comunicado, la CIDH exigió al Estado venezolano poner fin a la estigmatización y persecución contra personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, reiterando la necesidad de garantizar un entorno seguro y libre de represalias para quienes ejercen la defensa de derechos fundamentales en el país.
Escalada represiva y deterioro del espacio cívico
Las acusaciones de Cabello se suman a una serie de acciones y discursos del oficialismo orientados a deslegitimar el trabajo de la sociedad civil. Muchas ONG enfrentan investigaciones, allanamientos y bloqueos de actividades, en un contexto de creciente cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. La CIDH ha documentado el aumento de restricciones a la libertad de expresión, el cierre de medios independientes y las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos y periodistas.
Este patrón de criminalización se ha visto reforzado por la aprobación de leyes que otorgan al Estado amplias facultades para controlar, restringir y potencialmente cerrar ONG, bajo el argumento de amenazas a la seguridad nacional o supuestos vínculos con el terrorismo. La Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en noviembre de 2024, exige autorización estatal para operar y permite negar el permiso por razones políticas o por la percepción de amenaza terrorista, lo que ha puesto en riesgo la existencia misma de la sociedad civil independiente en el país.
Las organizaciones señaladas han rechazado enérgicamente las acusaciones, denunciando que forman parte de una estrategia para intimidar y desmovilizar a quienes defienden los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Provea y Foro Penal, entre otras, han alertado sobre el riesgo que enfrentan sus miembros tras ser vinculados públicamente a actividades terroristas, y han reiterado su compromiso de continuar documentando y denunciando abusos, pese a las amenazas y la persecución.
El contexto general en Venezuela está marcado por una represión sistemática, con detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hostigamiento a la protesta social y política. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre la profundización de la crisis democrática y la erosión del espacio cívico, mientras cientos de defensores de derechos humanos y trabajadores humanitarios se ven obligados a abandonar el país o a reducir sus actividades ante el riesgo de criminalización.
