El fallo judicial del lunes que exige una revisión independiente de los documentos incautados el mes pasado en Mar-a-Lago está planteando nuevas cuestiones legales sobre el alcance del privilegio ejecutivo, al tiempo que agita la investigación del Departamento de Justicia (DOJ) sobre el expresidente Trump.
El Político
La decisión adoptada por la jueza de distrito de Estados Unidos designada por Trump, Aileen Cannon, sienta las bases para que ella designe a un experto externo, conocido como maestro especial, para que examine los miles de documentos recuperados de la residencia de Trump en Florida tras la operación de registro extraordinario del DOJ el 8 de agosto.
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La idea es determinar cuáles de esos documentos, si es que hay alguno, deberían estar fuera de los límites de los investigadores federales en base a los derechos de Trump al privilegio abogado-cliente y al privilegio ejecutivo, reportó The Hill.
Fallo espera la cooperación entre Trump y el DOJ
Cannon argumentó repetidamente en su fallo que el nombramiento de un maestro especial ofrece "como mínimo, la apariencia de justicia", sugiriendo que el funcionario designado podría no retener finalmente muchos de los documentos incautados por el DOJ.
"El demandante puede no tener derecho a la devolución de gran parte de los bienes incautados o a prevalecer en sus reclamaciones anticipadas de privilegio. Esa investigación queda para otro día", escribió.
El fallo ordena a ambas partes que "se pongan de acuerdo" y que elaboren conjuntamente una lista de posibles candidatos que puedan actuar como jueces especiales, así como una propuesta en la que se indiquen las limitaciones de su examen.
Fallo afecta a dos investigaciones diferentes
Dicho fallo impide que el Departamento de Justicia continúe su investigación penal sobre el manejo de los registros de Trump en Mar-a-Lago hasta que el maestro especial pueda completar su revisión.
Como resultado, como mínimo, es un revés temporal para el Departamento de Justicia justo cuando ha recuperado otros 100 documentos clasificados de la casa de Trump en Florida.
Un maestro especial más comprensivo con los amplios puntos de vista de Trump sobre el privilegio ejecutivo podría hacer que se retuvieran pruebas clave en la investigación.
Una decisión muy inusual
Tal vez la parte más controvertida del fallo de Cannon es la disposición que otorga al juez especial la facultad de determinar si alguno de los documentos incautados está protegido por el privilegio ejecutivo, una autoridad normalmente reservada al presidente.
Esa estipulación ha creado un escenario muy inusual en el que Trump, aunque ya no forma parte del poder ejecutivo, podría reclamar poderes ejecutivos sobre el actual Departamento de Justicia, en relación con documentos que la ley federal sugiere que deberían pertenecer al gobierno.
El ex fiscal general William Barr, que sirvió bajo el mandato de Trump, ha dicho que aunque algunos de los documentos incautados podrían estar protegidos por el privilegio abogado-cliente, su ex jefe no tiene derecho a reclamar poder ejecutivo sobre los demás como ciudadano privado. Eso es particularmente cierto, dijo Barr, cuando se trata de material sensible.
Departamento de Justicia tiene que sopesar la apelación y si deja que el fallo se mantenga
El Departamento de Justicia podría apelar la sentencia de Cannon, pero al hacerlo debe sopesar una serie de factores.
Una apelación, especialmente una que busque bloquear la decisión de Cannon, consumiría tiempo y seguiría sometiendo al departamento a reclamaciones de politización mientras Trump arremete contra la investigación.
Pero no actuar conlleva sus propios riesgos, sobre todo en lo que respecta al precedente que podría sentar la sentencia en relación con el privilegio ejecutivo y la capacidad de los litigantes para utilizar las demandas civiles para paralizar las investigaciones penales.
Rara victoria de Trump en un mal mes
Para Trump y sus seguidores, el fallo del lunes fue un raro rayo de luz en un mes tormentoso.
El notable registro del FBI en Mar-a-Lago el 8 de agosto fue un episodio humillante para el ex presidente, revelando que había atesorado trozos de documentos del gobierno -incluyendo muchos supuestamente altamente clasificados- incluso después de que sus abogados habían asegurado al DOJ que todos esos materiales habían sido devueltos a los Archivos Nacionales a principios de año.
Un día después, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los demócratas del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes debían tener acceso a las declaraciones de impuestos de Trump, poniendo fin a un enfrentamiento de años sobre los registros en disputa.
Y justo un día después, Trump fue depuesto en Manhattan por el fiscal general de Nueva York, que está llevando a cabo una amplia investigación sobre las finanzas y los negocios de Trump. Trump se acogió a su derecho a la Quinta Enmienda contra la autoinculpación más de 400 veces.
