Tanto a Gustavo Petro como a Federico Gutiérrez, los hoy contendientes para la segunda presidencial, les recuerdan permanentemente su paso por las alcaldías de Bogotá y Medellín.
El Político
Debido a que fue el último cargo en el que administraron recursos públicos y su principal experiencia de gobierno.
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Estas son las principales polémicas que protagonizó el hoy candidato presidencial por el Pacto Histórico durante su administración local, reportó CNN.
Prórroga a los contratos de TransMilenio
El sistema de transporte público masivo de Bogotá fue uno de los principales temas de la campaña de Gustavo Petro en 2011. La ciudad venía del denominado ‘Carrusel de la contratación’ denunciado por él y Carlos Fernando Galán, que retrasó la construcción de la troncal de la Calle 26 de TransMilenio. Además, el entonces candidato progresista era el principal crítico de ese sistema, que para entonces cumplía su primera década y ya generaba el descontento de los usuarios.
Entre 2013 y 2014 los contratos de las fases I y II terminaban, no por fecha, sino porque los entonces 1.303 articulados cumplirían los 850.000 kilómetros andados. En ese contexto, se esperaba que la llegada de Petro, como crítico del sistema, tuviera la oportunidad de renegociar los contratos. El concejal Celio Nieves expresó entonces que era la oportunidad de buscar una nueva flota más cómoda, unos buses más modernos y una distribución más equitativa de las utilidades con la Alcaldía, pero eso no ocurrió.
En 2014, sin licitación, Petro decidió otorgar una prórroga de los contratos con los mismos operadores en la que lo único que logró fue una reducción de la tarifa técnica del 13 % y les permitió mantener los buses para que superaran el millón de kilómetros de ruta, sin condiciones para mejorar el servicio, es decir, ningún compromiso de su parte y sí recibieron a cambio dos billones de pesos por tres años.
Burla de Petro al Concejo de Bogotá
Un alcalde puede tomar la decisión de expedir el Plan de Ordenamiento Territorial en caso de que el Concejo de Bogotá no tome una decisión al respecto, como en el caso de la alcaldesa Claudia López en diciembre de 2021, tras cumplir el tiempo de 90 días de discusión. Sin embargo, en 2013 Petro se tomó esa atribución cuando el cabildo ya había determinado el futuro del plan.
El 7 de junio de 2013, en el periodo de extensión de las sesiones ordinarias, en la Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo, la ponencia negativa al POT radicada por Miguel Uribe Turbay recibió nueve votos a favor y seis en contra, por lo que el proyecto no fue aprobado y debió ser archivado. El alcalde debía realizar modificaciones si quería que el cabildo se pronunciara y presentarlo nuevamente, pero en su lugar, el 27 de agosto, Petro expidió un decreto reglamentándolo.
Poco después, (2 de septiembre de 2013) por peticiones de los concejales, la Sala de Consulta del Consejo de Estado emitió un concepto en el que aseguró que con ponencia negativa en primer o segundo debate debía archivarse el POT. “Si el Concejo, en comisión o en plenaria, decide no aprobar el proyecto de acuerdo de una revisión o modificación del POT, el alcalde no puede adoptar el proyecto por decreto, pues estaría contrariando y desconociendo las facultades constitucionales y legales del Concejo, antes anotadas, para decidir la suerte de los proyectos de acuerdo”, señaló el alto tribunal.
Tres días de Bogotá bajo la basura
Cuando Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá, los contratos de aseo tenían problemas jurídicos. Mientras la UAESP adelantaba, desde el 2011, una licitación para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la capital, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final; la Corte Constitucional ordenó suspenderla porque no se había establecido la inclusión de la población recicladora como lo había solicitado en varias sentencias previas.
Petro se encontró con esa situación a su llegada a la alcaldía y la tomó como la oportunidad para devolver el servicio de aseo a la administración de la capital, implementar su programa de cambio climático y ayudar a la población recicladora. Así las cosas, extendieron los contratos con los cuatro operadores privados, primero por seis meses y luego por tres, en medio de urgencia manifiesta. Primero para poder diseñar la nueva licitación y, segundo, porque una vez hecho lo anterior, faltaba un concepto de la Corporación Autónoma Regional para las tarifas de pago a los recicladores.
Se propuso diseñar entonces una empresa pública y así quitarle los contratos a los privados. La nueva entidad debía empezar a operar el 18 de diciembre de 2012, cuando se terminaba la segunda prórroga de los contratos con los que llevaban operando el (EEAB) servicio. Pero apenas tres meses antes, en octubre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá inició la compra de maquinaria y equipos, como la empresa que asumiría la función a través de Aguas de Bogotá.
Trabajo en equipo para Petro
El alcalde Gustavo Petro tuvo más de 25 renuncias de funcionarios elegidos por él durante la alcaldía. Varios por “razones personales”, otros tantos en medio de polémicas y algunos con fuertes críticas a la administración distrital y su forma de gobierno.
Apenas un año después de iniciar su administración, ya 15 funcionarios habían abandonado el barco liderado por el ahora candidato a la presidencia. Se fue el gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo, por la polémicas de las basuras y una investigación en su contra; así como la secretaria de Movilidad porque la desautorizó numerosas veces. “Él es el alcalde”, explicaba Ana Luisa Flechas a la prensa en ese momento.
Daniel García Peña, director de relaciones internacionales del Distrito, fue uno de los más polémicos. En su carta le dijo: “Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota”. También dejó el cargo el secretario de Gobierno Antonio Navarro Wolf, quien decidió apartarse sin mayores explicaciones que las razones “estrictamente personales”.
Militancia de Petro en la guerrilla M-19
En su juventud Petro fue miembro del M-19, un grupo guerrillero desmovilizado en 1990, pero que dio muchos golpes de opinión y propició uno de los episodios violentos más trágicos en la historia del país, la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Petro ingresó al Movimiento 19 de abril con 18 años. El grupo era parte de la llamada segunda ola de movimientos guerrilleros en el país que creció en toda la región en la década de 1970, influenciados por la Revolución cubana.
En 1978 vivía en Zipaquirá, un pueblo a las afueras de Bogotá, cuando leyó los documentos donde se resumía la Conferencia del M-19, según cuenta él mismo en su libro, Petro una vida, muchas vidas. "Desde un punto de vista racional, su tesis era muy lógica y popular: había que reivindicar la historia patria, el alma popular. Para nosotros fue fácil comprender la necesidad de esa reivindicación, pues vivíamos en medio de ese mundo popular", escribe Petro sobre los argumentos del grupo.
