Claudia Díaz Guillén, ex enfermera de Hugo Chávez y su esposo Adrían Velázquez fueron hallados culpables por cinco casos de lavado de dinero y sobornos ante un tribunal de la ciudad de Fort Lauderdale, Florida.
Mario Beroes/El Político
Díaz Guillén, quien también ejerció el cargo de tesorera nacional en el gobierno del ex presidente venezolano, fue declarada culpable de blanqueo de dinero en relación con los sobornos pagados por el empresario Raúl Gorrín, actual dueño de Globovisión, para obtener enormes y ventajosas transacciones de divisas cuando se desempeñaba en dicho cargo.
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Medios de los Estados Unidos informaron que el jurado deliberó durante sólo unas horas y encontraron a Claudia Díaz y a su marido, Adrían Velásquez, culpables de cinco de los seis cargos detallados en una acusación presentada en 2020 en la que se les acusaba de recibir al menos $ 4,2 millones en sobornos.
Según la acusación, la pareja recibió pagos de empresas controladas por un coacusado venezolano, el empresario y prófugo de la justicia estadounidense, Raúl Gorrín, a cuentas en Miami supuestamente utilizadas para pagar el lujoso estilo de vida de la pareja.
El testimonio de Andrade
La acusación del gobierno se basó en gran medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz como Tesorero, Alejandro Andrade, que subió al estrado para declarar que el acuerdo financiero que había alcanzado con Gorrín continuó bajo el mandato de Díaz.
Al igual que Díaz, Andrade, ex funcionario de seguridad presidencial, aprovechó su conexión personal con Chávez para ascender en el ejército y el Estado venezolano, amasando una enorme fortuna en muy poco tiempo.
Los dos sentenciados, extraditados desde España, ella en mayo y él en octubre de 2022, son conocidos como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer, Hugo Chávez Frías.
El juez federal William P. Dimitrouleas estableció el 21 de noviembre del presente año para iniciar el juicio, que varias veces se retrasó, en los tribunales de Fort Lauderdale, a 40 kilómetros al norte de Miami.
En los últimos meses, los abogados defensores de Díaz y Velázquez, trataron sin éxito de que el juez aceptase el argumento de que el Gobierno de Estado Unidos carece de “jurisdicción extraterritorial” para juzgar el caso.
