A raíz de la controversia que causó el secuestro, abuso sexual y asesinato de la pequeña Yuliana Samboní, Yohana Jiménez, hija de la fallecida excongresista Gilma Jiménez, decidió retomar lo que ella llama el “legado de su madre” y revivir la idea de someter a referendo la posibilidad de condenar a cadena perpetua a los asesinos o violadores de menores de edad, que fue sepultado en 2013 por la Corte Constitucional al considerar que éste no se ajustaba a la Carta Política.
En su momento, una comisión de política criminal integrada por siete expertos recomendó al Legislativo enterrar para siempre ese referendo, que hoy podría renacer.
El abogado Iván González fue su presidente. El Espectador habló con él sobre el populismo punitivo (la tendencia a aumentar las penas de los crímenes por un caso “de moda”) y otras alternativas para lidiar con estas problemáticas sociales.
Ya en dos ocasiones en Colombia se han presentado referendos para penalizar con cadena perpetua los delitos más atroces contra menores de edad. ¿Cómo explicar esta insistencia de la gente y los políticos?
Las motivaciones para unos y otros son distintas. En el caso de los delitos graves contra menores de edad (que en el imaginario colectivo dejan de lado conductas como la explotación laboral o el acceso a los servicios de salud), la principal razón de los ciudadanos para buscar medidas muy estrictas es el sentimiento de desamparo y de ineficiencia del Estado en la protección de los niños y niñas, que puede, además, tener un componente de traslado de la culpa al Estado frente a las fallas en el cuidado de los menores.
Los políticos obedecen a una lógica distinta. Algunos de ellos están preocupados y buscan una respuesta muy drástica, sin importar su eficiencia. Otros responden al clamor de la sociedad y buscan réditos electorales.
El aumento de las penas, por regla general, no conduce a la prevención de la conducta. Una pena larga privativa de la libertad puede reducir el daño que un sujeto determinado puede causar mientras se encuentre en prisión, pero no evita que otras personas cometan delitos contra los menores de edad.
Además, puede tener efectos perversos, como el de “brutalización”: por ejemplo, si se aumentan exageradamente las penas para los delitos de violación y homicidio de niñas y niños al punto de la cadena perpetua, puede conducir a que los autores de estos delitos incurran en una conducta más grave: la desaparición de las víctimas para tratar de evitar el castigo.
Con información de El Espectador
