Este lunes la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) instó a Colombia a garantizar la "integridad física y psicológica" de las personas que trabajan por la paz en el país, "independientemente de sus alianzas políticas".
La OIDHACO hizo esta petición durante una conferencia organizada junto con Coordinación Belga por Colombia con motivo de la visita del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a Bruselas.
Esta organización pidió la creación de una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para eliminar la "amenaza capital a los acuerdos de paz" que suponen las estructuras paramilitares.
El coordinador de OIDHACO, Miguel Choza, alertó de la tendencia al alza de la violencia contra líderes sociales, políticos de comunidades locales y activistas por los derechos humanos, unos colectivos que han denunciado un total de 70 asesinatos en sus filas en lo que va de 2016.
Choza urgió a las partes firmantes de los acuerdos a pedir a la ONU una resolución que introduzca el respeto a los derechos humanos, una garantía sin la cual no ve "posible" avanzar hacia la paz.
La portavoz nacional del movimiento Congreso de los Pueblos, Marylen Serna, recordó que la firma del acuerdo con los insurgentes no será suficiente si no se consigue "volver a las raíces de la confrontación" y garantizar el derecho a la salud, la educación, la vivienda o la movilidad.
La diputada por la región belga de Valonia Hélène Ryckmans hizo hincapié en las cifras "alarmantes" en la restitución de tierras usurpadas a los pequeños agricultores colombianos durante el conflicto.
Ryckmans señaló que solo hay 192.000 hectáreas de terreno que los campesinos pueden "reivindicar como suyas", mientras que 3,5 millones de hectáreas no han sido devueltas a sus propietarios originales.
En este sentido, la diputada belga Gwenaëlle Grovonius lamentó que el acuerdo comercial entre la UE, Colombia y Perú conceda prioridad a la "exportación de los recursos naturales" sin favorecer la "transición a una economía sostenible".
Esta diputada pidió mecanismos efectivos de "evaluación y sanción" para garantizar que las empresas trabajen por el respeto a los derechos humanos.
Con información de EFE
