Hablábamos en nuestra entrega pasada, hace una semana, acerca del hecho de que la diáspora venezolana que se ha residenciado formalmente o no en Colombia tiene un alto componente de nacionales venezolanos hijos de colombianos que ostentan las dos nacionalidades.
Beatriz de Majo/El Político
Aquellos que por derecho tienen la nacionalidad colombiana deben ser atendidos por las autoridades neogranadinas como “ retornados” y les corresponden algunos derechos susceptibles de hacerles más llevadero el retorno voluntario a la patria.
Estas facilidades de vida son unos cuantas: un “retornado” tiene el derecho a acceso a los servicios de salud, a la adquisición de vivienda, a capacitación de carácter laboral y de asistencia social.
Pero existe, además, una categoría de retornados con carácter humanitario – aquellos que regresan por una situación de fuerza mayor o causas especiales- quienes además pueden ser objeto de programas de apoyo con acompañamiento. Y esta ayuda oficial debe facultar a quienes regresan a Colombia a enfrentar los retos de su inserción y eliminar situaciones de riesgo, además de que debe llevarlos de la mano para vincularse con la gestión del sitio, departamento o municipio seleccionado para vivir.
Pero también existe otra categoría adicional, la que incluye a colombianos “retornados de tipo solidario”, diseñada para quienes obtengan la calificación como pobres de solemnidad.
Es bueno saber que existe formalmente en Colombia un Registro Único de Retornados, conocido comúnmente como el RUR, que es un instrumento oficial en el que deben inscribirse los colombianos mayores de edad que regresan al país tras haber residido en el exterior por lo menos durante tres años.
La inscripción es voluntaria, lo que provoca resistencias de parte de aquellos que intentan reinsertarse en su país de origen. Pero es a estos hacia quien se dirige la ayuda.
El volumen de ciudadanos que han sido aceptado como tales es bajo en extremo porque los requisitos básicos no se cumplen: el primero es manifestar por escrito la decisión de regresar a Colombia y el segundo resulta ser una cuesta bien empinada: demostrar hacer residido en el extranjero por lo menos tres años.
El gran escollo de todas estas ayudas o prebendas- o derechos si se quiere- que tienen aquellos venezolanos hermanos nuestros que resultan ser hijos de emigrantes colombianos de antaño es que precisan de una serie de documentos de comprobación que deben ser emitidos por la administración del régimen madurista, cuya incapacidad administrativa ya es proverbial. Y la poca disposición a la ayuda del ciudadano en dificultades es total.
Tratar de demostrar, por ejemplo, que una familia colombo-venezolana está compuesta por integrantes calificables como pobres de solemnidad debe ser prácticamente imposible de cara a un gobierno que asegura que su país atraviesa por una bonanza digna de encomio.
En todo caso, la determinación del gobierno de Iván Duque es grande en facilitar el retorno de los suyos al igual que también es definitiva su disposición a ayudar a aquellos hijos de colombianos con derechos ciudadanos del otro lado del Arauca.
Hay ya 250 oficinas habilitadas para atender y ayudar a esta población que trabajan de la mano con las cámaras de comercio regionales.
La ACNUR órgano de Naciones Unidas a cargo del tema ya ha señalado que su público objetivo en el terreno de los colombianos retornados a Colombia desde Venezuela es de 400.000 personas y se encuentran estudiando sus perfiles y necesidades.
Si complementamos la cifra con otras también de Naciones Unidas habría que decir el número de colombianos que estaban asentados como inmigrantes en Venezuela para cierre del 2018 era de 4,9 millones de seres humanos.
