La Procuraduría General de Colombia abrió hoy una indagación preliminar al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, y a otras personas y entidades por los sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht, dineros que pedirá que sean restituidos.
"Vamos a solicitar por la vía judicial la restitución inmediata de los 11 millones de dólares de los sobornos que pagó Odebrecht en el país", manifestó en una declaración el procurador general, Fernando Carrillo Flórez.
El funcionario dijo que la investigación a Andrade tiene que ver con la adjudicación del contrato para la construcción de la carretera Ruta del Sol II, que comunica a lo largo de más de 600 kilómetros al centro del país con la costa atlántica y que aún no ha sido concluida.
Además de Andrade se indagará a otros funcionarios de la ANI, como Alexandra Lozano Vergara, José Andrés Torres Rodríguez, Daniel Francisco Tenjo Suárez, Ernesto Durán Vargas, Mauricio Orlando Castro Castaño y Andrés Figueredo Serpa, así como a altos directivos de Odebrecht, al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Nicolás Bula, estos dos últimos detenidos.
Según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó más de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia entre 2009 y 2014 como parte de su estrategia para conseguir contratos en América Latina y África.
Carrillo definió el caso de Odebrecht en el país, por el cual solo están detenidos García Morales y Bula, como "uno de los escándalos que más ha afectado patrimonialmente y moralmente a la sociedad colombiana".
La Procuraduría (Ministerio Público) también investigará los otrosí que se firmaron en el contrato Ruta del Sol II, así como el préstamo del Banco Agrario a la sociedad Navelena, participada por Odebrecht.
También lo hará en el caso del contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y la firma brasileña para el proyecto de los interceptores de aguas Tunjuelo-Canoas y en el firmado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para la ejecución de la carretera que comunica a Puerto Boyacá con Chiquinquirá, ambas en el departamento de Boyacá (centro).
En todos esos casos se indagará la actuación de diferentes funcionarios o exfuncionarios que intervinieron en la celebración de los contratos.
Uno de ellos es Jorge Pizano, exgerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, "quien como ustedes saben, después pasó a ser funcionario de Odebrecht en una típica maniobra de puerta giratoria", dijo el procurador.
Toda la investigación es "una ruta de acción que tiene como único propósito cerrarle por supuesto las vías a la corrupción en el caso de los sobornos de esa compañía", agregó Carrillo.
"Estamos prestos a colaborar diligentemente con el proceso que adelante la Procuraduría General, como lo hemos venido haciendo con todas las autoridades que han requerido información de la entidad", señaló la ANI en un comunicado difundido al conocer el anuncio de la Procuraduría.
Carrillo dijo también que sobre el crédito otorgado por el Banco Agrario a Navelena se ordenaron algunas inspecciones.
El senador Jorge Enrique Robledo, del partido izquierdista Polo Democrático, denunció la semana pasada que en 2015 el Banco Agrario prestó 120.000 millones de pesos (unos 40,7 millones de dólares) a Odebrecht y a la Sociedad Navelena S.A.S., de la cual hacía parte, para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal del país.
Ese préstamo fue otorgado cuando la constructora brasileña ya estaba en causal de disolución.
Con información de: EFE
