Un gran paso en una lucha larga y constante de 14 años, así reciben las mujeres víctimas de la comuna 13 el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado colombiano por las detenciones ilegales y la falta de protección de cinco defensoras de derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas, durante el desarrollo de la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en el año 2002. (Además: CIDH condena al Estado por la Operación Orión)
De la noticia se enteraron el pasado martes, porque les avisó la abogada María Victoria Fallon, del Grupo Interamericano de Derechos Humanos (GIDH), que ha acompañado el proceso.
Ayer se reunieron para compartir su satisfacción, pero también para establecer un plan de acción tras el fallo. Desde ahora se seguirán reuniendo para leer toda la sentencia y conocer todos sus componentes.
Según Fallon, la sentencia marca un precedente, porque es la primera vez que la CIDH emite una sentencia condenatoria por hechos de la Operación Orión y es la primera vez que en relación con Colombia, el organismo se pronuncia sobre las condiciones de trabajo de las defensoras de derechos humanos y lideresas del país.
CIDH condena al Estado colombiano por la Operación Orión
La decisión de la Corte les da esperanza a las víctimas, no solo porque hace parte de los procesos de justicia y reparación sino también porque para ellas es un aporte valioso a la no repetición de los dolorosos hechos que marcaron la vida de una comuna.
“Estuvimos siempre en defensa de nuestros derechos, porque siempre fuimos muy atacadas, así como nuestros hijos, fue muy duro el proceso de estar desplazadas, escondidas y temerosas antes ataques tan brutales”, expresó con seguridad Socorro Mosquera, quien en esa época era líder comunitaria, al igual que Mery Naranjo, Luz Dary Ospina, Miryam Eugenia Rúa y Ana Teresa Yarce, esta última asesinada.
Pero a todas las vulneraciones que tuvieron que soportar, dijo Mosquera, se suma el haber sido perseguida y tildada de guerrillera, tanto por grupos armados ilegales como legales, cuando solo se dedicaba a la defensa de los derechos humanos en su comunidad.
Y esa es también la peor parte para Mery Naranjo. “El Estado nos señaló de ser colaboradoras y ser guerrilleras, se basó en dichos y habladurías y eso marcó nuestros trabajos. Por la defensa de derechos en el marco de la Operación Orión, todas las personas que hacíamos denuncias éramos perseguidas y buscaron detenernos o desparecernos como les sucedió a tantas personas”, anotó la mujer.
Por ello, el único deseo que tienen hoy es que el fallo se cumpla en su totalidad, que se sigan investigando los hechos ocurridos durante la Operación Orión y que se tomen todas las medidas para que estos no se repitan nunca más.
“No solo somos cinco mujeres, hay muchas más en la ciudad, el país y el mundo que tienen que vivir violaciones a sus derechos”, añadió Mosquera.
Para estas mujeres, la valentía y la persistencia para no dejar que las invisibilizaran las ayudó a llegar hoy a este punto, así como el apoyo que recibieron del GIDH, que las acompañó en todo el proceso.
“Yo creo que pedir perdón queda a conciencia de cada ser humano y cada gobernante que sea responsable de lo que hizo el Estado colombiano con los habitantes de la comuna 13”, puntualizó Mosquera, quien dijo que de una manera diferente aún siguen sucediendo muchas vulneraciones en el lugar que un día se vio horrorizado por la Operación Orión.
Por su lado, Mery Naranjo considera que los gobernantes de la época nunca van a pedirles perdón. “No van a aceptar que hicieron un bombardeo en la comuna 13 a diestra y siniestra, sin importar que había seres que no teníamos nada que ver con grupos armados”, agregó.
Hoy, les queda el sabor agridulce porque frente a la justicia que viven están todos los seres queridos que perdieron por causa de la violencia.
