El Alma Llanera, canción emblemática venezolana habla de la ribera del Arauco vibrador y describe como "soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol", pero poco queda de esa imagen pletórica.
El Político
No importa en cuál de las riveras del Arauca se habite, el río que limita a Venezuela con Colombia es el eje de una vasta red de narco guerrillas que mandan, matan y siembran el terror en la zona, pero también producen negocios millonarios gracias al comercio de drogas.
La complicada situación de la zona fue objeto de un estudio elaborado por la organización Human Rights Watch.
El reporte, titulado ‘Los guerrilleros son la policía: control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure’, documenta toda una serie de crímenes cometidos por grupos como el Eln y la disidencia de las Farc ‘Martín Villa’, que, además de controlar el territorio, vienen implementado de manera efectiva una estrategia de manejo social que reglamenta no solo las actividades económicas, como la pesca, sino otras más cotidianas como el pago de deudas y hasta la hora de cierre de los bares.
“Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte, o con meses de trabajo forzado. Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera”, dice José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Según Vivanco, la situación en Apure es aún peor, pues los grupos armados actúan con la connivencia de autoridades locales.
El reporte de la HRW es producto de una visita de campo realizada a Arauca en agosto del año pasado que incluyó entrevistas con más de 100 personas, entre ellos líderes comunitarios, víctimas de abusos, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Además del Eln y la disidencia de las Farc, HRW también atribuye estos atropellos a un grupo criminal que se hace llamar Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln).
Se disparan los homicidios
De acuerdo con el reporte, los homicidios en esta región del país se han disparado desde el 2015, cuando la extinta guerrilla de las Farc firmó un cese del fuego durante las negociaciones de paz con el Gobierno. De 96 asesinatos documentados ese año se pasó a 161 entre enero y noviembre del 2019.
En el informe, la ONG estadounidense sostiene que la mayoría de los crímenes en Colombia están quedando en la impunidad. “Hasta septiembre, de más de 400 casos que permanecen en investigación, la Fiscalía había obtenido condenas en apenas ocho casos de homicidio cometidos en Arauca desde 2017. Ninguno de los condenados eran miembros de grupos armados”, denuncia la HRW.
Los venezolanos, en general, viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual
La ONG sostiene que durante el 2019 aparecieron por lo menos 16 cuerpos en Arauca que fueron ajusticiados por estos grupos.
Las organizaciones armadas en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajos forzados sin remuneración, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela.
“Las reglas son: no se le puede hablar al Ejército, no se puede salir tarde en la noche. Y si no las cumplimos, podemos ser asesinados”, relata otro testimonio.
Según los denunciantes, los grupos armados hasta impiden que los conductores de motos usen cascos para poder identificarlos con claridad.
De acuerdo con HRW, su evaluación en el terreno les ha permitido concluir que la situación no mejorará mientras el Gobierno colombiano siga enfocando su estrategia en solo enviar militares, sin fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas, y a servicios públicos.
También sugiere que la consolidación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) –que en Arauca fueron formulados en cuatro municipios y ya comenzaron a implementarse– podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de DD. HH.
Dramática situación de los venezolanos
El informe, además, recuenta la dramática situación en la que están cerca de 44.000 venezolanos que han llegado a Arauca desde el 2015. “Los venezolanos, en general, viven en condiciones económicas precarias, duermen en la calle o en asentamientos improvisados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual.
En algunos casos, una vez que llegan a un prostíbulo, les retienen sus documentos y se les da ropa, comida y ‘vivienda’ que deben pagar con su trabajo. Las cantidades que se les exigen son tan exorbitantes que nunca podrían saldar la deuda”, se afirma en el reporte.
Además, sostiene, en Arauca se está extendiendo la xenofobia contra los venezolanos, pues los residentes los culpan por el incremento de la delincuencia. Sobre este punto, el reporte afirma que la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, creada en septiembre del año pasado para investigar atrocidades cometidas en Venezuela, “debería examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad”.
Así mismo, afirma Vivanco, debe mantenerse la presión internacional contra el presidente Nicolás Maduro añadiendo nuevas sanciones a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en los abusos cometidos por estos grupos. Entre ellas, el congelamiento de sus activos y la prohibición de ingreso a países de la región.
El caudaloso río Arauca, que en cerca de 300 kilómetros de su cauce marca el límite entre Colombia y Venezuela, es el paso olvidado de la frontera común y una remota vía de escape para quienes huyen de la crisis en el país petrolero.
El foco nunca ha sido puesto allí a diferencia de lo que ocurre en la ciudad colombiana de Cúcuta, principal cruce fronterizo, que desde que comenzó el éxodo de venezolanos recibe visitas de autoridades nacionales y extranjeras, principalmente estadounidenses, y representantes de organismos internacionales.
También ha tenido mayor visibilidad el departamento de La Guajira, que colinda con el venezolano de Zulia y hasta donde llegó en junio pasado la actriz Angelina Jolie, enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Pero en la frontera araucana la dinámica es otra por estar situada en una región de difícil acceso, cerca de la cuenca del Orinoco, y con una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hay un paso terrestre por el puente internacional José Antonio Páez, que comunica la ciudad colombiana de Arauca, capital del departamento homónimo, con la localidad venezolana de El Amparo, en el estado de Apure, pero la gente prefiere pasar por el río.
Decenas de lanchas que transportan personas y carga, mucha de ella de contrabando, van y vienen por al río Arauca de día y de noche sin control de ningún tipo, tanto que las autoridades de Colombia han denunciado que el ELN perpetra ataques en su territorio y huye por el río a Venezuela.
En el lado colombiano el principal punto de llegada es el Malecón de Arauca, hasta hace poco un lugar turístico y ahora ocupado por centenares de inmigrantes venezolanos.
Pese a que duermen en hamacas y en precarios campamentos y cocinan con leña a orillas del río, los recién llegados tratan de mantener limpio el lugar y de llevar una vida normal.
Las ventas ambulantes, las barberías callejeras y los puestos de comidas rápidas llenan las riberas a las que llegan las embarcaciones cuyos pasajeros y mercancías entran a Colombia sin pasar el control aduanero.
Esa informalidad hace parte del día a día de los migrantes pendulares -que vienen y van- muchos de las cuales cruzan por el río para evitar los controles de las autoridades colombianas que no permiten la entrada de quienes no cuentan con cédula del país, pasaporte venezolano o un permiso especial de tránsito.
El puente José Antonio Páez está a unos dos kilómetros de distancia y tampoco es el preferido de la gente porque está lejos de los centros de Arauca y de El Amparo.
Desde el puente se alcanza a ver el puesto naval de El Amparo, donde están las lanchas de la Armada venezolana y decenas de otras embarcaciones que dan un aspecto pintoresco al paisaje.
A diferencia de lo que ocurre en el malecón fluvial, allí sí hay presencia de las autoridades. Migración Colombia tiene una carpa por la que deben pasar todos los transeúntes, pues el paso de vehículos está prohibido desde 2015 por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
También hay policías e incluso un puesto de vacunación para los venezolanos que cruzan con niños.
La narco guerrilla se extiende a otras zonas
Desde la firma del acuerdo de paz, y según Indepaz, al día de hoy van mas de 750 líderes sociales y 180 excombatientes asesinados. Un verdadero genocidio que ha puesto a Colombia como el país con mayor violencia en contra de los líderes sociales en el mundo. The Guardian calificó a Colombia como la “nación más sangrienta”.
Voceros del gobierno aseguran que no estamos ante asesinatos sistemáticos Los líderes son asesinados por el papel que cumplen en sus regiones al reclamar sus tierras, al intentar participar en política y al oponerse a las economías ilegales. El gobierno solo reconoce esta última causa.
Las regiones en las que se producen los asesinatos: Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Nariño. Así mismo, en estos departamentos los asesinatos se producen en unos muy pocos municipios lo cual debería facilitar la solución que no es fácil.
El investigador Ariel Ávila lo ha explicado en diversas ocasiones en la revista Semana: https://www.semana.com/opinion/articulo/asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia-columna-de-ariel-avila/597203
Human Rights Watch plantea una estrategia por completo diferente a la que hasta el momento ha utilizado el gobierno de Duque, que ha consistido esencialmente en enviar más militares a las zonas en la que existe mayor riesgo de asesinato. La estrategia ha sido tan ineficaz que, el final de 2019 y el inicio del 2020 han sido el peor periodo en décadas para los líderes sociales del país.
Según el enfoque señalado por la psicología social, el gobierno tendría que reconocer la gravedad del flagelo, tal como reiteradamente lo han solicitado las Naciones Unidas, Human Rights Watch y múltiples organizaciones sociales de Colombia y el mundo.
La campaña de “tolerancia cero” frente a la descalificación, las amenazas y los asesinatos de los líderes sociales, tiene que ser liderada por el gobierno nacional, pero tendría que involucrar a los empresarios, a los mandatarios locales, a los medios masivos de comunicación, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales y ciudadanas.
Estudiosos del temaconsideran que no basta una visión militarista ante un problema con alto contenido social y cultural.
Hace muy pocos días, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el jefe de la Misión de la ONU, expresó de manera muy clara el inmenso peligro al que se enfrenta el país: “La paz no se logrará plenamente mientras las valientes voces de los líderes sociales sigan siendo silenciadas por la violencia y mientras excombatientes que dejaron las armas y están comprometidos con su reincorporación sigan siendo asesinados”.
Los campesinos amenazados por los despojadores, la minería ilegal, las mafias políticas y el narcotráfico son las principales víctimas, pero también los miembros del Ejército enviados masivamente a zonas que desconocen.
María Emilsen Angulo, la alcaldesa de Tumaco, municipio colombiano ubicado en el departamento de Nariño, declaró este lunes el estado de emergencia humanitaria y social en Tumaco, luego de registrarse una serie de desplazamientos forzosos en las últimas semanas.
Más de 3 300 personas tuvieron que abandonar en las últimas semanas sus viviendas en zonas rurales de Tumaco, en el suroeste de Colombia, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
Mil 179 las familias, es decir 3.331 personas, se han visto obligadas a desplazarse de 26 veredas que conforman el río Chagüi, por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que empezaron su accionar a finales del mes de diciembre y en enero se han fortaleciendo, reportó Angulo.
Sin embargo, el pasado viernes se efectuó un censo preliminar entre los integrantes del Comité de Justicia Transicional y los líderes comunitarios, el que arrojó como resultado el desplazamiento de 1.374 familias para un total de 3.599 habitantes-
Después de la denuncia comunitaria sobre la toma del territorio de Pogue, en Bojayá (Chocó), por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), asociadas al llamado Clan del Golfo, el pasado 31 de diciembre, el alcalde del municipio de Bojayá, Edilfredo Machado, aseguró que de los 13.000 habitantes que hay en el casco urbano y los corregimientos, unas 7.000 personas estarían afectadas por la presencia de grupos minoritarios.
La Defensoría del Pueblo insistió en que desde octubre del 2019 advirtió por medio de alertas tempranas del alto riesgo que corre la población por la presencia de las Agc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
El coronel Darío Fernando Cardona, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, aseguró que estará al frente de las tropas en el corregimiento de Pogue “hasta que sea necesario”. Sin embargo, en diálogo con El Espectador, el alcalde de Bojayá aseguró que “el Estado solo aparece cuando hay una emergencia o masacre” y que llevan años pidiendo asistencia integral por parte del Gobierno.
En las ciudades no entienden lo que ocurre en las zoñas alejadas, un drama que de no resolverse, podría significar el regreso de la guerrilla dura a Colombia y la pérdida de todo el proceso de Paz.
