Por primera vez la justicia del Vaticano enjuicia a un miembro de la alta jerarquía eclesiástica. En efecto, comenzó el histórico proceso judicial contra el cardenal Angelo Becciu, a quien se le señala junto a otras nueve personas, la compraventa mediante un negocio turbio, de un inmueble lujoso en el centro de Londres.
El Político
Por su trascendencia histórica, el proceso tiene un gran seguimiento mediático. En su contexto, la agencia informativa Europa Press reseña que el cardenal Becciu, quien fue alto cargo de la Secretaría de Estado del Vaticano, ocupa el banquillo de los acusados.
Desde septiembre Becciu quedó cesante de su cargo como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. También fue despojado de sus derechos relacionados con el Cardenalato por su supuesta implicación en un caso de malversación de fondos. Aunque aún reside en un apartamento del edificio de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la Santa Sede.
Conforme a las investigaciones, el clérigo con otros nueve implicados dejaron un agujero con una suma cercana a los 400 millones de euros en las arcas de la sede papal.
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Los otros acusados por el Vaticano
Entre los acusados está el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano lo sindica por haberle engañado en la compraventa del inmueble de Londres. Este consiguió una paga de 15 millones de euros por devolver el edificio a sus legítimos propietarios. También figura René Brülhart, ex presidente de la AIF, Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede. Al mismo la Fiscalía los acusa por abuso de funciones. Y monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, acusado de extorsión y de abuso de funciones.
Siguen en la lista Enrico Crasso, quien habría gestionado las inversiones de la Secretaría de Estado durante décadas. Se le acusa de malversación, corrupción, extorsión, blanqueo de capitales y autoblanqueo. Así como por estafa, abuso de funciones, falsificación de documentos públicos privados. Más abajo está el nombre de Tommaso Di Ruzza, antiguo director de la AIF, al quien la Fiscalía lo sindica por malversación, abuso de funciones y violación del secreto de oficio.
También será enjuiciado Raffaele Mincione, el broker que hizo que la Secretaría de Estado suscribiera importantes acciones del fondo que poseía la propiedad londinense. Y que posteriormente utilizó el dinero recibido para sus inversiones especulativas. Se presume que delinquió con malversación, estafa, abuso de funciones, apropiación indebida y autoblanqueo de dinero. Lo acompañará en el tribunal Nicola Squillace, abogado implicado en las negociaciones. Señalado de estafar, así como por apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo de dinero.
También estará en su banquillo de acusado Fabrizio Tirabassi, funcionario en calidad de secretario en la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado. Este desempeñó un papel protagónico en el asunto. Se le acusa de corrupción, extorsión, malversación, estafa y abuso de funciones. Junto a ellos también se procesará a la italiana Cecilia Marogna, quien según las pesquisas filtradas en la prensa, recibió hasta 500 mil euros de los fondos de la Secretaría de Estado gestionados por Becciu entre 2011 y 2018.
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Pietro Parolin libre de culpa
La autoridad pontificia libera de toda culpa a los actuales responsables de la Secretaría de Estado. Insiste en que ni monseñor Perlasca ni sus superiores, el sustituto Edgar Peña Parra y, sobre todo, el cardenal Pietro Parolin, hayan sido efectivamente informados. Y que en todo caso “hayan sido plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían las distintas categorías de acciones”.
La primera vista oral se realizó este martes 27 de julio. Este día se dirimieron cuestiones técnicas relacionadas con el procedimiento judicial. Luego se entrará en el mérito de las acusaciones.
Fuente: Europa Press
