La llegada imprevista de militantes de La Cámpora a una fiesta oficial organizada en el gobierno de José "Pepe" Mujica, fue expuesta como atenuante para una investigación judicial sobre posible corrupción en la ANCAP.
El próximo jueves será la primera sesión judicial en la que interrogarán a jerarcas del ente petrolero por denuncias de todos los partidos de la oposición sobre irregularidades en varios negocios de esa empresa pública, que se dieron en la administración anterior, reseño La Nación.
La primera audiencia fue sobre una parte chica del voluminoso expediente y se trató del gasto de 370 mil dólares por la organización de una fiesta que se hizo en agosto de 2013 para inaugurar una planta desulfurizadora, a la que Mujica había invitado a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner .
El acto generó un fuerte debate político interno, porque incluso la mandataria argentina se confundió y en su discurso dijo que era una obra hecha por argentinos.
Los primeros interrogados fueron los propietarios de la agencia de publicidad y de la firma que organizó la fiesta, para explicar los gastos y responder sobre quiénes habían autorizado eso.
El director de la agencia "La Diez", Pablo Álvarez, contó al fiscal y la jueza de crimen organizado, que en principio, la fiesta era para una lista de 1.200 invitados y un presupuesto acorde, según pero que luego, en cuatro ómnibus, llegaron a la planta unos 200 militantes de "La Cámpora", el grupo conducido por Máximo Kirchner, hijo del ex presidente y la presidenta de esa época, lo que obligó a contratar servicios adicionales.
"Eso disparó el presupuesto de catering", dijo el ejecutivo para justificar el gasto de la fiesta. Dijo que tuvieron que salir de apuro para alquilar carpas, mesas y para contratar más mozos, para servir la comida.
El acto fue criticado en su momento porque no tuvo la característica de las inauguraciones de obras de Uruguay, sino que estuvo marcado por el discurso de la presidenta argentina, por un piropo que le hizo un líder sindical durante la oratoria, y fundamentalmente por el apoyo de los activistas peronistas, provistos de bombos, lo que no es usual en este país.
La investigación judicial recién comienza, pero la denuncia fue hecha por los cuatro partidos de oposición (Nacional, Colorado, Independiente y Unidad Popular) que cubren todo el arco opositor de derecha, centro, y extrema izquierda, con graves acusaciones de corrupción sobre el gobierno de Mujica.
En el caso del ente petrolero, el actual gobierno de Tabaré Vázquez, destituyó a penal.
