La comisión del Congreso peruano que investigará el Caso Lava Jato, que involucra los pagos de sobornos por parte de empresas brasileñas a funcionarios peruanos en los pasados tres gobiernos, planteará que el Ministerio Público les comparta la información que obtengan de las autoridades del Brasil.
Tras la instalación de la Comisión Lava Jato, los congresistas Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) y Gino Costa (Peruanos por el Kambio) manifestaron que este grupo deberá hacer ese requerimiento de manera prioritaria para avanzar en la indagación del Caso Lava Jato.
"El grueso de la información proviene escencialmente de lo que declaren las personas en Brasil, de nacionalidad brasileña, a las autoridades brasileñas. Ahí es donde se mencionarán los nombres qe se requieren", explicó Mulder.
Gino Costa, por su parte, dijo que el plan de trabajo de la Comisión Lava Jato "debería otorgar prioridad a conocer cómo va el trabajo de fiscalía para hacer uso y aprovechar toda la información que está saliendo, de las coordinaciones que hace con fiscalía y policía del Brasil".
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Cabe anotar que, esta mañana, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró que el Ministerio Público informará lo que sea "pertinente y oportuno" a la Comisión Lava Jato y remarcó que la investigación que ellos siguen "es reservada" y que hay aspectos que no se podrán compartir.
Garantizar pagos de Odebrecht
En lo referente al caso de la empresa constructora Odebrecht, incluido dentro del Caso Lava Jato, el legislador Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) dijo que se debe buscar la manera de evitar que dicha empresa no venda sus activos.
El acciopopulista explicó que, si Odebrecht vende todos sus activos en el país, luego no podrá pagar una indemnización al Estado peruano tras una eventual sentencia del Poder Judicial, que podría ser "de acá a dos o tres años". "Ya han vendido Rutas de Lima y el Gasoducto del Sur estarían por venderlo", advirtió.
Asimismo, García Belaunde apuntó que Odebrecht también estaría buscando transferir sus fondos y activos a "testaferros financieros para ocultar sus propiedades y no tener que ser investigados después".
Con información de El Comercio
