La decisión adoptada durante la visita a Venezuela del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, crea un precedente histórico, ya que se trata de la primera en su tipo en América Latina.
El Político
Conforme a un análisis informativo del diario digital bonaerense Infobae, el examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero de 2018 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen. Tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 contra el dictador Nicolás Maduro, como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos políticos en condiciones infrahumanas.
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Fatou Bensouda dejó su cargo el pasado 15 de junio. En sus últimos días, la jurista expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista. Pero que se vio impedida en el último momento después de que Caracas pidiera a los jueces que tomaran el control del caso. Por ese motivo, el caso quedó en manos del magistrado británico Karim Khan.
El informe elaborado por Bensouda detalla los principales crímenes que ahora serán investigados la Corte Penal Internacional: “La información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable. Como para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad. Tanto de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7. Tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7. Violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7. Y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”.
Maduro desde Bensouda a Khan
La CPI es un tribunal de última instancia que sólo interviene cuando los estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión -el órgano cuenta con una instalación propia en La Haya, donde también se ubica el tribunal-. Pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.
A la fecha, un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. Doce criminales se encuentran prófugos y dos de ellos fallecieron antes de ser arrestados. La pena se puede cumplir en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra nación, de acuerdo a los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países.
Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda. En noviembre de 2019 este fue sentenciado a 30 años de cárcel por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.
La mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares, en gran medida de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de 61 cargos.
Maduro en la lista negra de la CPI
Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa lista negra que incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil), y Jean Kambanda (Ruanda). Todos ellos fueron procesados por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
En 2001el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia solicitó la detención de Milosevic, que fue concedida por las nuevas autoridades serbias. El 1 de abril de ese año, y luego de dos días de violenta resistencia en su casa, el dictador acordó su entrega en Belgrado y fue trasladado a La Haya. Se convirtió así en el primer ex jefe de Estado que comparecía ante un tribunal internacional en el proceso más importante por crímenes de guerra en Europa después del de Nüremberg (1945-1946). El 11 de marzo de 2006 murió en su celda, en el centro de detención del tribunal penal en Scheveningen, en La Haya.
Gaddafi, al-Bashir, Kambanda
Gaddafi condujo a Libia durante cuatro décadas, desde 1969 hasta 2011. En febrero de 2011 se desató una ola de manifestaciones populares demandando al gobernante reformas políticas y económicas. La respuesta fue una dura represión, que dejó varios muertos y heridos. La Corte Penal Internacional ordenó la captura de Gaddafi; de su hijo, Saif el Islam; y de Abdulá Senusi, jefe del espionaje interior, por crímenes de lesa humanidad. El dictador no se trasladó a La Haya, ya que en septiembre de 2011 lo capturaron y ejecutaron las milicias de Misrata.
El teniente general al-Bashir gobernó a Sudán por 30 años, entre 1993 y 2019. En marzo de 2009, la Corte Penal ordenó su captura por crímenes de guerra y contra la humanidad en la región de Darfur. Allí al menos se asesinaron a 300 mil personas en 2003. Se trata del primer jefe de Estado acusado por la CPI. En 2010, el tribunal lo volvió a acusar de genocidio. Lo derrocaron en abril de 2019 luego de las masivas protestas que comenzaron en diciembre de 2018, a raíz de la profunda crisis económica que todavía sufre el país. Actualmente se encuentra encarcelado en Jartum.
Gbagbo y ahora Maduro a la CPI
Kambanda fue el primer ministro durante el gobierno interino de Ruanda desde el comienzo del genocidio en 1994. El 18 de julio de 1997 lo arrestaron en Nairobi, capital de Kenia, y trasladado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El 4 de septiembre de 1998, el Tribunal condenó a Kambanda a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Gbagbo presidió Costa de Marfil entre 2000 y 2011 y fue el primer ex jefe de Estado bajo custodia de la CPI en 2011. Tras las elecciones de 2010 se desató un escenario de violencia. Luego de que Gbagbo se declarara vencedor en las presidenciales, cuando la comisión electoral independiente lo había dado el triunfo al opositor Alassane Ouattara. La comunidad internacional reconoció al opositor como ganador, e impuso sanciones económicas a Gbagbo. El 11 de abril de 2011 lo detuvieron en el búnker en el que se había recluido durante varios días por las fuerzas que respondían al electo Ouattara. En noviembre de ese año lo extraditaron a La Haya donde lo juzgó la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad durante la violencia postelectoral que dejó cientos de muertos.
El dictador venezolano Maduro cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro. Entre ellos la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Dirección General; de Contrainteligencia Militar y la Fuerza de Acciones Especiales. Así como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Guardia Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (“CONAS”). También ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Fuente: Infobae
