La nueva regla de “carga pública” que propone el Gobierno del presidente Joe Biden es más relajada que el intento de 2019 de la Administración de Donald Trump, mantiene el principio marcado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que busca asegurar que los inmigrantes puedan valerse por sí mismos.
El Político
A pesar de que el nuevo reglamento propuesto no castiga la pobreza de las personas, sí mantendrá un marcaje en quienes abusen del sistema de ayudas sociales, es decir, que soliciten apoyos constantes y pidan beneficios económicos.
La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está todavía por publicarse en el Registro Federal para los 60 días de comentarios públicos, adelantó el Gobierno, reportó La Opinión.
“Carga pública” de Biden
El secretario Alejandro Mayorkas destaca que la regla busca no “penalizar” a las personas porque hayan solicitado “beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellas”.
Sin embargo excluye beneficios económicos sociales que podrían afectar las solicitudes de ‘green card’, al considerarse como elementos de “inadmisibilidad”.
Las ayudas económicas que darían puntaje negativo a los inmigrantes son:
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).
Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos.
La institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno (como con seguro médico).
Problema de la “carga pública” para inmigrantes
“El DHS propone definir ‘probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento’ como ‘probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia’”, indicó ese Departamento.
Es decir, la Administración Biden marca beneficios económicos durante largos periodos, incluidos seguro médico; pero también mantendrá la evaluación integral de los casos; donde se tomarán en cuenta otros elementos que podrían afectar las solicitudes de Residencia Permanente.
Por ejemplo, los oficiales migratorios evaluarán “en su conjunto” la aplicación de un no ciudadano por la ‘green card’; considerando ayudas sociales, además de su edad, estado de salud, su estado familiar y los recursos financieros con los que cuenta; así como su educación y sus habilidades en general, indica el documento adelantado por el DHS.
