La justicia de Bielorrusia condenó el lunes a un centenar de opositores y periodistas, en unos casos a varios días de arresto y en otros a multas en metálico, por participar el sábado en una manifestación no autorizada en Minsk.
Redacción El Político
Los detenidos, que lo fueron durante la celebración del Día de la Libertad, que recuerda a la efímera República Popular de Bielorrusia proclamada en 1918, fueron sancionados por desacato a la autoridad, desorden público o vandalismo, reseña EFE.
Según informó el centro de derechos humanos Vesná, el activista de la plataforma Bielorrusia Europea, Leonid Kulakov, fue el que recibió una mayor pena con 25 días de arresto administrativo.
Entre los condenados figuran dos ciudadanos rusos, Alexéi Polijovich y Olga Roschina, que recibieron 12 y 13 días, respectivamente, y el ucraniano, Ruslán Tereschenko, que deberá pasar 15 días entre rejas.
Además, la Asociación Bielorrusa de Periodistas denunció que el cámara del canal polaco Belsat, Alexandr Borozenko, fue condenado a 15 días de arresto; el bloguero Román Protasevich, a 10 días, y el redactor de la web InformNapalm, Denís Ivashin, a 5 días.
Similares juicios contra los manifestantes tuvieron lugar en otras ciudades de este país, como Brest, Moguiliev, Gomel, Vitebsk o Borísov.
El KGB bielorruso negó que entre los cientos de detenidos figure el excandidato presidencial Nikolái Statkévich, aunque el que si fue apresado fue Vladímir Nekliáyev, quien también participó en las elecciones presidenciales de 2010.
El relator para Bielorrusia de la Asamblea Parlamentaria de Consejo de Europa (PACE), el diputado italiano Andrea Rigoni, instó a Minsk a liberar a todos los detenidos en las protestas celebradas durante este último mes.
Rigoni, que se reunió hace solo unos días en Minsk con el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, llamó a hacer todo lo posible para evitar que los detenidos se conviertan en presos políticos.
Bielorrusia ha sido escenario en las últimas semanas de numerosas protestas provocadas por la controvertida ley contra la vagancia, en virtud de la cual el Gobierno quiere castigar con un impuesto a los que trabajan menos de 183 días al año.
