Los trabajadores inmigrantes, incluso indocumentados en Florida, recibieron la petición por parte de tres legisladores estatales republicanos, de que no se marchen hacia otros estados debido al miedo reinante de que serán arrestados por las autoridades y deportados de Estados Unidos.
El Político
Durante un encuentro convocado por líderes religiosos al que asistieron activistas por los derechos de los inmigrantes, los congresistas intentaron aplacar los temores desatados por la SB 1718.
Señalando que la nueva ley, que convierte al estado en el más duro en materia migratoria nivel nacional, está dirigida según ellos a los nuevos trabajadores inmigrantes, no a quienes ya tienen un empleo.
¿Por qué es importante?
El llamado sorprendió a propios y extraños. El representante Rick Roth, del distrito 85 en la Cámara de Representantes del estado, dijo durante la reunión ante unas 160 personas que la SB 1718 “tiene huecos” (lagunas) que podrían afectar su implementación, sobre todo para que “los trabajadores temporales sean exentos”. Agregó que la ley fue diseñada “específicamente para los empleadores” y no para los trabajadores.
Roth, quien además es un agricultor de tercera generación, dijo que las personas preocupadas o que se sientan afectadas por la medida “deben consultar a sus empleadores” respecto a los alcances de la ley y recomendó a quienes “aman sus trabajos": "Quédense (en ellos) porque esto solamente va a afectar a nuevos empleados”.
El congresista estatal reconoció que, según él, la ley SB 1718 en un cien por ciento tiene el propósito de “dar miedo” y admitió saber que los agricultores “están bien enojados porque están perdiendo empleados que se están yendo a otros estados como Georgia”. “Es muy peligroso para la agricultura. Necesitamos desesperadamente más trabajadores legales y esto lo empeorará”, advirtió Roth de acuerdo con un reporte de la Radio Nacional Publica (NPR).
Ley migratoria SB 1718 causa enojos en Florida
Activistas que asistieron a la reunión de Hialeah dijeron sentirse “enojados” y también “preocupados” tanto por la promulgación de la ley SB 1718 el pasado 10 de mayo como por las declaraciones emitidas por el congresista estatal Roth.
“Fue impactante escuchar que (los republicanos) admiten haberla creado (la SB 1718) por motivaciones políticas y que la intención es asustar a los inmigrantes”, dijo a Univision Noticias María Asunción Bilbao, coordinadora de campañas de la American Friends Service Committee (AFSC), que se define como una organización de trabajadores con personas que profesan diversos credos religiosos y orígenes para desafiar la injusticia.
“Lo más repugnante fue cuando dijeron que, cuando vuelvan a sus congregaciones (los lideres religiosos), le digan a su gente (feligreses, inmigrantes indocumentados) que no se vayan de Florida porque la gente de la agroindustria (patronos) estaba enojada debido a que los trabajadores se estaban yendo”, agregó.
“Yo me pregunto, cuando tengan una luz rota en su automóvil y los pare la policía, ¿van a poder hacer algo esos pastores para sacarlos de una detención en una cárcel de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)?”, acotó Bilbao.
Entre líneas
Jessica Ramírez, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (Farmworker Association of Florida), dijo a Univisión Noticias que "definitivamente hay muchos nervios, angustias e incertidumbre. La gente no sabe qué va a pasar después del 1 de julio (cuando entre en vigor la SB 1718) y tampoco sabe cómo se va a implementar y a qué nivel”.
La activista confirmó que hasta ahora “los empleadores les están dando a los campesinos el formulario I-9 para verificar sus estatus migratorios y, si tienen o no autorización legal para trabajar, solo eso”.
De acuerdo con los registros de la asociación, "entre el 8% y el 10% de la comunidad trabajadora se ha marchado de Florida en busca de lugares más seguros” por causa específica de la entrada en vigor de esta ley.
Problemas en Florida
Entre las muchas disposiciones de la legislación se encuentra un nuevo mandato para todas las empresas con 25 o más empleados para realizar nuevas contrataciones a través de E-Verify, una base de datos que rastrea si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
También limita los servicios sociales para inmigrantes indocumentados, asigna millones más de dólares de impuestos para expandir el programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis y requiere que los hospitales que reciben dólares de Medicaid soliciten el estado migratorio de un paciente.
Otra disposición convierte en delito de contrabando de personas transportar a Florida a un inmigrante que no haya sido "inspeccionado" por las autoridades. Este último es un temor profundo entre las familias de estatus mixto que pueden viajar juntas a través de las fronteras estatales.
